«El proceso de Julian Assange, historia de una persecución» (editorial Fazi) llama menos la atención por su larga, detallada y documentada relación de los increíbles abusos sufridos por el periodista de Wikileaks por parte de diversos gobiernos occidentales (estos hechos ya eran conocidos por cualquiera dispuesto a tomar nota), que por la «confesión» del autor Nils Melzer (Relator Especial de la ONU sobre la tortura, profesor de Derecho Internacional Humanitario en Ginebra y director del Comité Internacional de la Cruz Roja). Tras admitir que al principio se mostró reticente a implicarse en el caso Assange, ya que «aún tenía grabados en la mente los titulares de los grandes periódicos que había absorbido casi inconscientemente durante los últimos años», para darse cuenta después de hasta qué punto su percepción había sido distorsionada por los prejuicios, Melzer declara que, tras chocar durante años con el muro de silencio levantado por las cancillerías de los países implicados, debe reconocer que ha pasado de ser un garante del sistema occidental de derechos humanos a un «disidente dentro del sistema».

Merece la pena citar algunas frases que muestran hasta dónde ha llegado la indignación de Melzer ante el comportamiento de los poderosos: «El caso Assange es la historia de un hombre perseguido por haber hecho públicos los sucios secretos de los poderosos, revelando crímenes de guerra, torturas y sobornos. Es la historia de la arbitrariedad judicial deliberada en las democracias occidentales, que en cambio prefieren presentarse como Estados modelo en materia de defensa de los derechos humanos. Es la historia de la connivencia entre los servicios secretos y las autoridades estatales, practicada a espaldas de la opinión pública y de los parlamentos nacionales»; «los intereses que persiguen los gobiernos son siempre políticos, su prioridad nunca es promover los derechos humanos, que, cuando se incluyen en la agenda política oficial, son sólo un medio para alcanzar otros objetivos, como denigrar a otros Estados o justificar intervenciones militares». En cuanto a las garantías que la separación de poderes debe ofrecer al ciudadano frente a posibles abusos de los distintos poderes del Estado, Melzer escribe que «las distancias entre los tres poderes del Estado son siempre menores que las que separan a la población de las autoridades de las tres esferas. Los funcionarios del Estado se conocen, van a comer juntos, intercambian información, se consultan informalmente y evitan apuñalarse por la espalda», una descripción eficaz del proceso de conversión de las democracias en oligarquías. En resumen. tras recopilar diez mil páginas de documentos judiciales, correspondencia y otros medios probatorios, Melzer se ve abocado a reconocer «el fracaso sistémico de nuestras instituciones democráticas bajo los principios del Estado de Derecho».

Pasemos a analizar los elementos que más han inspirado este pesado juicio. Para ayudarnos a comprender la excepcionalidad del caso Assange, sostiene Melzer, puede contribuir una comparación con el de Snowden. Snowden es un ciudadano estadounidense y estaba vinculado a su Gobierno por un contrato, por lo que, al haber recogido por iniciativa propia y hecho público el material que demuestra que EE.UU. (con la complicidad de británicos, canadienses, australianos y neozelandeses) espía sistemáticamente a los jefes de Estado de otros países occidentales, las acusaciones de espionaje y «traición» que se le imputan están justificadas. Por otra parte, Assange no era ciudadano estadounidense y se limitó a recibir y publicar material que otros le habían proporcionado (es decir, no hizo nada más que su trabajo como periodista). ¿Por qué entonces tanta furia?

Porque el contenido obsceno de la película de 18 minutos que mostraba a soldados estadounidenses ametrallando a civiles indefensos desde su helicóptero sobre Bagdad, bromeando sobre ello y ensalzando su hazaña, no debería haberse hecho público; estaba destinado a desaparecer en el agujero negro de los secretos de Estado (igual que deberían haber desaparecido los Papeles del Pentágono y las fotos de torturas en el campo de prisioneros de Abu Ghraib). Porque para el gobierno estadounidense, «traidores a la patria son quienes revelan los crímenes de guerra y no los criminales de guerra y sus superiores; e irresponsables son los periodistas que los dan a conocer y no las autoridades que los niegan amparándose en el secreto». Así que Assange tenía que pagar a toda costa, tenía que ser castigado de forma tan ejemplar que todos sus colegas no tuvieran ningún deseo de imitarle.

Pero el caso Snowden es instructivo por otra razón: porque ha puesto de manifiesto la rendición de todos los gobiernos occidentales ante el gobernante de las barras y estrellas. Ningún dirigente europeo ha ido más allá de tímidas protestas, inmediatamente sofocadas, al ser espiado por el ojo del amo. No debe extrañar, por tanto, que todos los gobiernos implicados en el caso Assange se hayan plegado a las exigencias estadounidenses de cooperar en el castigo del infractor de lesa majestad, aun a costa de hacer estragos en sus principios y valores institucionales.

Así lo ha hecho Suecia (cuyo total servilismo a Washington ya había salido a la luz en 2001, cuando dos solicitantes de asilo egipcios debidamente registrados fueron detenidos por el servicio secreto y entregados a la CIA, para ser trasladados a Egipto y torturados como presuntos terroristas). Melzer demuestra cómo la justicia sueca siempre ha sido consciente de que no tenía elementos suficientes para probar la acusación de violación contra Assange (una acusación construida arteramente para «manchar» la imagen del periodista y neutralizar la simpatía pública hacia él). Prueba de ello es que el caso se ha cerrado y reabierto varias veces, con el único objetivo de prolongar ese efecto disuasorio en la opinión pública. Al fin y al cabo, la solución ideal para la fiscalía sueca era mandar todo a prescribir, para evitar que el acusado pudiera demostrar su inocencia: «El plan no es detener e interrogar a Assange, sino crear y perpetuar la narrativa pública de un fugitivo culpable de delitos sexuales, mientras se le niega la oportunidad de defenderse».

Si Assange pidió asilo político en la embajada ecuatoriana fue porque sabía que Suecia no dudaría en entregarlo a Estados Unidos, donde le espera un destino aún peor que el de su delatora Chelsea Manning, sometida desde hace tiempo a torturas (desde primera hora de la mañana hasta las ocho de la tarde no podía dormir, tumbarse, apoyarse en la pared ni hacer ejercicio, sólo podía levantarse de la cama y caminar en círculos en una minúscula celda) que, en su caso, durarían toda la vida, ya que podría ser condenado a 175 años.

Pero el régimen, aunque claustrofóbico, que sufrió en una embajada asediada por la policía británica, lista para abalanzarse sobre él en cuanto saliera, se convirtió en una pesadilla cuando Lenin Moreno llegó al poder en Quito. Este tránsfuga (que cubre de infamia el nombre que le puso algún padre despistado) había sido elegido para continuar las políticas antiliberales de Correa, pero se vendió rápidamente a Estados Unidos, que para abrir el cerco puso, entre otras condiciones, la entrega de Assange. A partir de marzo de 2018, todos los empleados de la embajada que mantenían buenas relaciones con Assange son por tanto apartados y, mientras el secretario de Estado británico Alan Duncan escribe sin pudor que «la principal misión del nuevo embajador Romero es ahora sacar a Assange de la embajada», comienza una auténtica persecución: Assange está cada vez más aislado del mundo, se le niega el teléfono e Internet, se le restringe el derecho a recibir visitas privadas salvo de médicos y abogados, se graba escrupulosamente todo lo más íntimo que pueda ser utilizado en su contra; se alimentan las habladurías mediáticas en su contra para lanzar una nueva narrativa sucia, calumniarle y desacreditarle (llegarán incluso a quitarle el kit de afeitado, para que cuando salga parezca un vagabundo callejero).

En cuanto al Gobierno británico, baste citar lo que dijo el citado Duncan ante la Cámara de los Comunes: «es hora de que ese miserable gusanillo salga de la embajada y se entregue a la justicia británica». Y efectivamente, el 11 de abril de 2019 cuando, en la culminación de una serie de acontecimientos planificados y coordinados con mucha antelación entre Ecuador, Reino Unido y Estados Unidos, Assange salió de la embajada fue inmediatamente detenido y comenzó su reclusión, en condiciones de aislamiento y vigilancia dignas de un peligroso criminal que Melzer describe en el libro, a la espera de que se resuelva el procedimiento de extradición. Y cuando sea extraditado, escribe Melzer, su juicio tendrá lugar en el Tribunal de Espionaje de Alejandría, donde los procedimientos se celebran a puerta cerrada, sin prensa ni público, basándose en pruebas a las que Assange y su abogado no tienen acceso «por razones de seguridad». Gracias en parte a los esfuerzos de Melzer, de la esposa y de los amigos de Assange, así como de algunas minorías políticas occidentales y de los pocos órganos de prensa que conservan un residuo de autonomía y dignidad, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y otras asociaciones se esfuerzan ahora por evitar esta conclusión.

Concluyo observando que Melzer, a quien van todos mis respetos por su compromiso con la justicia y por haberse dado cuenta de que su papel de garante de los derechos humanos se reducía a actuar como hoja de parra de un sistema democrático liberal que va camino de emular a los regímenes fascistas de entreguerras (preparándose para desencadenar la tercera), sin embargo, no da el último paso, a saber, comprender que no se trata de una degeneración a partir de un modelo ideal original, sino de la lógica intrínseca al sistema en cuestión, razón por la cual se declara un «disidente interno» del mismo. Al fin y al cabo, «nadie es perfecto», como reza la frase final de la película «Some Like It Hot».

Fuente: https://avanti.it/

Libros relacionados:

Compartir... https://www.elviejotopo.com/topoexpress/salvar-al-soldado-assange/" class="ssba_email_share" style="box-sizing: border-box; background: none; color: rgb(207, 69, 71); line-height: inherit; text-decoration: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); font-size: 20px; font-weight: bold;" data-site="email">

Antecedents de la notícia.

 

El Professor Nils Melzer (Suïssa) és el President de Drets Humans de l'Acadèmia de Dret Internacional Humanitari i Drets Humans de Ginebra. També és professor de Dret Internacional en la Universitat de Glasgow. L'1 de novembre de 2016, va assumir la funció de Relator Especial de l'ONU sobre la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants. El professor Melzer ha treballat durant 12 anys en el Comitè Internacional de la Creu Roja com a assessor jurídic, delegat i cap de delegació adjunt en diverses zones de conflicte i violència.

 

Mimos a Pinochet, palos a Assange

 

per Nils Melzer, agost de 2022

 

Aquest article d'opinió ha estat publicat a Le Monde Diplomatique en español.

 

Com a relator especial sobre la Tortura, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides m'ha encomanat vetllar pel compliment de la prohibició de la tortura i els maltractaments en el món, examinar les denúncies de violacions d'aquesta prohibició i transmetre preguntes i recomanacions als Estats concernits amb la finalitat d'aclarir els casos individuals. En investigar el cas de Julian Assange, vaig trobar proves convincents de persecució política i arbitrarietat judicial, així com de tortura i maltractaments deliberats. No obstant això, els Estats responsables s'han negat a cooperar amb mi per a prendre les mesures de recerca exigides pel dret internacional.

 

El cas Assange és la història d'un home perseguit i maltractat per revelar els sòrdids secrets dels poderosos, especialment els crims de guerra, la tortura i la corrupció. És la història d'una arbitrarietat judicial deliberada en democràcies occidentals que presumeixen d'altra banda de ser exemplars en matèria de drets humans. També és la història d'una connivència deliberada entre serveis d'intel·ligència a esquena dels parlaments nacionals i del públic. I és, finalment, la història d'una informació manipulada i manipuladora en els principals mitjans de comunicació orientada a aïllar, demonitzar i destruir deliberadament a una persona particular.

 

En una democràcia regida per l'Estat de dret, tothom és igual davant la llei. En essència, això significa que els casos comparables han de ser tractats de la mateixa manera. Igual que Julian Assange en l'actualitat, el exdictador xilè Augusto Pinochet va sofrir detenció extradicional a Gran Bretanya des del 16 d'octubre de 1998 fins al 2 de març de 2000. Espanya, Suïssa, França i Bèlgica volien processar-ho per tortura i crims contra la humanitat. Igual que Assange avui, Pinochet es va descriure a si mateix com “l'únic pres polític de Gran Bretanya”.

 

No obstant això, a diferència d'Assange, a Pinochet no se l'acusava d'haver obtingut i publicat proves de tortura, assassinat i corrupció, sinó d'haver comès, ordenat i consentit tals crims de manera efectiva i real. A més, a diferència d'Assange, a ell no se'l considerava una amenaça per als interessos del Govern britànic, sinó un amic i aliat de l'època de la Guerra Freda i –punt crucial– de la guerra de les Malvines (1). Quan un tribunal britànic es va atrevir a aplicar la llei i aixecar la immunitat diplomàtica de Pinochet, la decisió va ser immediatament anul·lada. El motiu adduït va ser la possible parcialitat d'un dels jutges. Pel que sembla, en un moment donat aquest s'havia ofert com a voluntari per a un acte de recaptació de fons a favor de l'organització local de drets humans, Amnistia Internacional, que era codemandant en el cas.

 

Però tornem al cas Assange. En aquest cas, a la jutgessa Emma Arbuthnot, el marit de la qual havia estat denunciat repetidament per Wikileaks, no sols se li va permetre dictaminar sobre l'ordre de detenció d'Assange en 2018, sinó que, malgrat una sol·licitud de recusació ben documentada, també va presidir el procés d'extradició d'Assange fins que la jutgessa Vanessa Baraitser va assumir el càrrec en l'estiu de 2019. Cap de les seves decisions va ser revocada.

 

Pinochet, acusat de responsabilitat directa en desenes de milers de greus violacions dels drets humans, no va ser insultat, humiliat o ridiculitzat per jutges britànics en les audiències públiques, ni va ser reclòs en règim d'aïllament en una presó d'alta seguretat. Quan va ser detingut, el primer ministre Anthony Blair no va expressar en el Parlament la seva satisfacció pel fet que “al Regne Unit ningú està per sobre de la llei”, ni tampoc va haver-hi una carta oberta de setanta diputats demanant fervorosos al Govern que extradís al exdictador als països sol·licitants. En lloc d'això, Pinochet es va passar la detenció extraditòria sota un règim de luxós arrest domiciliari en una mansió pròxima a Londres, on se li permetien visites a mansalva, des d'un sacerdot xilè privat per Nadal fins a la ex primera ministra Margaret Thatcher.

 

Per contra, Julian Assange, l'incòmode faceciós de veritats, acusat de periodisme i no de tortura i assassinat, no està baix arrest domiciliari. Se li silencia en règim d'aïllament.

 

Com en el cas d'Assange, l'estat de salut de Pinochet va ser una qüestió decisiva. Encara que el propi general va rebutjar categòricament la idea d'un alliberament per motius humanitaris, el ministre de l'Interior, Jack Straw, va intervenir personalment. Va ordenar un examen mèdic de Pinochet, que va decretar que l'ex militar colpista i dictador patia amnèsia i trastorns de concentració. Diversos Governs que havien sol·licitat la seva extradició van demanar una segona opinió independent, però les autoritats britàniques es van negar. El propi Straw va decidir que Pinochet no estava en estat d'aguantar un procés i va ordenar el seu immediat alliberament i la seva repatriació.

 

A diferència dels Estats Units en el judici d'extradició d'Assange, en el de Pinochet els Estats sol·licitants no van tenir l'oportunitat d'apel·lar.

 

En el cas d'Assange, s'han ignorat diversos informes mèdics independents, així com les meves conclusions oficials com a relator especial de l'ONU sobre la Tortura. El judici va continuar sense tenir en compte la deterioració de la seva salut i la seva incapacitat per a ser jutjat, fins quan li costava pronunciar el seu propi nom davant el tribunal. Com en el cas de Pinochet, l'extradició d'Assange va ser rebutjada –almenys inicialment– per motius mèdics. Però mentre que Pinochet va anar immediatament alliberat i repatriat i als Estats que sol·licitaven la seva extradició se'ls va negar qualsevol recurs legal, Assange va ser immediatament retornat a l'aïllament, se li va negar la llibertat sota fiança i es va convidar als Estats Units a apel·lar davant el Tribunal Superior britànic, assegurant així la perpetuació del calvari d'Assange i el seu silenci durant la resta del que podria ser un procés d'extradició de diversos anys.

 

La comparació d'aquests dos casos demostra la doble moral que apliquen les autoritats britàniques i com, al Regne Unit, no tothom és, en última instància, igual davant la llei. En el cas de Pinochet, l'objectiu era oferir a un antic dictador i lleial aliat impunitat per presumptes crims contra la humanitat. En el d'Assange, l'objectiu és silenciar a un dissident incòmode l'organització del qual, Wikileaks, desafia precisament aquest tipus d'impunitat. Tots dos enfocaments es regeixen únicament per la política del poder i resulten incompatibles amb la justícia i l'Estat de dret.

 

La premsa establerta als Estats Units, Regne Unit i Austràlia segueix pel que sembla sense adonar-se del perill existencial que el judici a Julian Assange suposa per a la llibertat de premsa, les garanties processals, la democràcia i l'Estat de dret. La penosa veritat és que bastaria que les principals organitzacions de mitjans de comunicació de la “angloesfera” així ho decidissin perquè la persecució d'Assange acabés demà.

 

El cas d'Iván Golunov.

 

El cas d'Iván Golunov, periodista de recerca rus especialitzat a denunciar la corrupció oficial, pot servir d'exemple. Quan Golunov va ser detingut de sobte per presumptes delictes de drogues en l'estiu de 2019, la premsa generalista russa va entendre immediatament de què anaven les coses. “Som Iván Golunov”, proclamaven les idèntiques portades dels tres principals diaris russos, Vedomosti, RBC i Kommersant. Els tres periòdics van qüestionar obertament la legalitat de la detenció de Golunov, van sospitar que se li perseguia per les seves activitats periodístiques i van exigir una recerca exhaustiva.

 

Enxampades in fraganti i posades sota el focus dels seus propis mitjans de comunicació, les autoritats russes van fer marxa enrere als pocs dies.

 

El president Vladímir Putin va ordenar personalment l'alliberament de Golunov i va destituir dos alts funcionaris del ministeri de l'Interior, demostrant-se així que la detenció de Golunov no va ser el resultat dels extraviaments d'uns pocs policies incompetents, sinó que havia estat orquestrada al més alt nivell.

 

No hi ha cap mena de dubte que una acció solidària comparable, que duguessin a terme conjuntament The Guardian, la BBC, The New York Times i The Washington Post, posaria fi immediatament a la persecució de Julian Assange. Perquè si alguna cosa temen els Governs és el focus mediàtic i l'escrutini crític de la premsa. Els plantejaments dels principals mitjans de comunicació britànics, estatunidencs i australians són senzillament fluixos, i les seves conclusions arriben malament i tard. Com sempre, els seus reportatges continuen oscil·lant entre l'insípid i el frèvol, informant mansament dels esdeveniments diaris que es desenvolupen en els tribunals, sense parar-se a considerar que el que estan presenciant són els efectes secundaris d'una monumental regressió de la societat. Sense veure que el replegament dels assoliments democràtics i de l'Estat de dret ens retrotreu a l'edat fosca de l'absolutisme i dels arcana imperii, un sistema de governança basat en el secret i l'autoritarisme.

 

Si es vol convèncer, no n'hi ha prou amb un grapat d'editorials i columnes condemnant l'extradició de Assange, desencantats i mancats d'audàcia, en The Guardian i The New York Times. Aquests dos periòdics, així i tot, han declarat tímidament que la condemna d'Assange per espionatge posaria en perill la llibertat de premsa, però ni un sol mitjà de comunicació entre els més divulgats protesta contra els flagrants atropellaments a les normes processals, a la dignitat humana i a l'Estat de dret que han marcat tot el judici. Cap d'ells demana comptes als Governs implicats pels seus crims i la seva corrupció; cap té el valor de fer preguntes incòmodes als líders polítics. Ja no són sinó una ombra del que va ser el “quart poder”.

 

 

 

 

 (1) La guerra de les Malvines de 1982 va enfrontar al Regne Unit amb l'Argentina.