Un periodista de La Directa, imputado por García Castellón: “Es la respuesta de las cloacas a mi actividad”
La actividad del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional en el contexto de la posible investidura de Pedro Sánchez y la presentación de una Ley de Amnistía ha consistido en la emisión de un auto por el que se investiga a Carles Puigdemont y Marta Rovira en el contexto de Tsunami Democràtic, la serie de protestas contra la sentencia del juicio del Procés, durante la que se pararon los accesos al aeropuerto del Prat.
Dentro del auto, adelantado ayer 6 de noviembre, también se investiga a Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, medio de comunicación catalán que funciona en régimen de cooperativa, centrado en la información de los movimientos sociales.
En una nota publicada hoy por La Directa, Rodríguez vincula su inclusión en el auto de la Audiencia Nacional como “un ataque directo a mi ejercicio del derecho a obtener información de las más diversas fuentes”. Redactor desde 2006, Rodríguez ha sido un periodista clave para desmontar bulos con el sello del Estado como los que rodearon a las investigaciones por terrorismo tras la declaración de “guerra contra el terror”. La investigación dio lugar al libro Rastros de Dixan (Virus, 2011). También participó en las investigaciones periodísticas sobre el caso 4F y las sospechas de montaje policial que rodeó ese episodio ocurrido en Barcelona en 2006.
Para este periodista, la inclusión de su nombre en esta causa, “no se puede leer de otra forma que una respuesta de las cloacas del Estado al ejercicio de mi actividad como periodista, centrada en los últimos años en destapar las operaciones de espionaje policial a los movimientos sociales”. En el último año y medio, La Directa ha destapado cuatro casos de policías infiltrados en los movimientos sociales y colaborado con El Salto para destapar el último de estos episodios de agentes bajo identidad supuesta.
Según informa La Directa, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils, el director de Vilaweb y el subdirector de Ara han sido algunos de los profesionales que han mostrado su apoyo a Rodríguez. También el Centre Iridia de defensa de los derechos humanos se ha manifestado contra su imputación en un caso que, cabe recordar, juzga una serie de protestas en las que no se registraron hechos que puedan ser calificados como terrorismo, motivo por el que la propia Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional que se inhiba y traslade el caso de los disturbios de El Prat a los juzgados provinciales competentes.