Eduardo Luque.
Requisas y pensiones: Europa entre la militarización y la apropiación de la riqueza social
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A comienzos de año el gobierno de Noruega envió decenas de miles de comunicaciones a los hogares del país, en su mayoría en formato digital. En ellas se advertía de que, en caso de conflicto armado —habitualmente asociado en el debate público a un posible enfrentamiento con Rusia— determinados bienes privados, como vehículos, embarcaciones o inmuebles, podrían ser requisados por el Estado. En un país de apenas 5,6 millones de habitantes, esta comunicación ha tenido un notable impacto político y social, al trasladar a la vida cotidiana la idea de una economía organizada de economía de guerra
La medida no puede entenderse como un episodio aislado. Forma parte de un proceso más amplio de adaptación institucional y económica a un contexto geopolítico crecientemente militarizado. En este marco, el debate se ha desplazado también hacia el uso de grandes reservas financieras acumuladas por el Estado. El fondo soberano noruego —constituido durante décadas con los ingresos del petróleo y concebido originalmente como garantía del bienestar y de las pensiones futuras— se ha convertido en uno de los mayores fondos de inversión del planeta, y por ello mismo en un recurso estratégico en la disputa por la orientación de grandes flujos de capital. El denominado Government Pension Fund Global u “Oil Fund”, acumula unos 21,27 billones de coronas noruegas (aproximadamente 1,85 – 1,90 billones de euros) al cierre de 2025. Es por tanto el mayor fondo soberano de Europa y objetivo predilecto de los especuladores financieros, que ven en la nueva legislación una puerta abierta para romper los marcos legales que permitan su apropiación privada. Estos procesos han sido analizados por el geógrafo David Harvey bajo el concepto de acumulación por desposesión, que describe cómo recursos sociales previamente protegidos o vinculados a derechos colectivos son progresivamente integrados en circuitos de acumulación financiera. En la Europa contemporánea, esta lógica se expresa en la presión creciente para canalizar el ahorro social —incluidos los sistemas de pensiones— hacia los mercados de capitales.El ámbito de las pensiones se ha convertido en uno de los terrenos centrales de esta transformación. Las instituciones europeas han impulsado instrumentos destinados a ampliar la presencia de productos financieros vinculados al ahorro para la jubilación. Un ejemplo es el Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP), creado mediante el Reglamento (UE) 2019/1238, cuyo objetivo es facilitar la comercialización transnacional de productos de ahorro previsional y reforzar la integración de los mercados financieros europeos. Este marco ha coincidido con reformas estructurales en varios países. En Países Bajos, la ley Wet toekomst pensioenen, aprobada en 2023 y prevista para aplicarse plenamente entre 2025 y 2026, introduce un cambio profundo en el sistema: los planes colectivos de prestación definida dan paso a cuentas individuales cuyo rendimiento depende directamente de los mercados financieros.Este tipo de reformas implica trasladar una parte sustancial del riesgo económico desde las instituciones hacia los trabajadores y pensionistas. Debates similares se desarrollan, con características propias, en Francia, Alemania, Italia y España. En este contexto, la cuestión ya no puede interpretarse simplemente como un problema técnico de sostenibilidad o equilibrio fiscal. Lo que está en juego es la orientación de una enorme masa de riqueza social acumulada durante décadas de trabajo colectivo y organizada a través de instituciones públicas y sistemas de protección social. La tendencia dominante apunta a su progresiva extracción y a su incorporación a los circuitos financieros globales, donde se convierte en una nueva fuente de rentabilidad para grandes fondos de inversión. Procesos de esta naturaleza tienden a generar fricciones políticas y resistencias sociales. Las reformas del sistema de pensiones han sido uno de los principales detonantes de movilización en varios países europeos en los últimos años, desde las protestas masivas en Francia hasta los intensos debates políticos en Alemania o Países Bajos. Estas reacciones reflejan la percepción creciente de que las transformaciones en curso afectan a pilares centrales del contrato social europeo. La historia ofrece precedentes que ayudan a situar estas dinámicas. Durante la Primera Guerra Mundial, la movilización económica integró amplios recursos civiles en el esfuerzo bélico. En la Italia de Benito Mussolini se promovió la campaña “oro para la patria” como mecanismo de financiación estatal. Décadas más tarde, en su discurso de despedida de 1961, el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower advirtió del creciente peso del complejo militar-industrial en la economía. Más recientemente, tras la crisis financiera global de 2008, numerosos Estados asumieron el rescate de sistemas bancarios privados, trasladando al conjunto de la sociedad los costes de la crisis. En la Europa actual, la convergencia entre militarización, financiarización y reformas del Estado social sugiere la aparición de una nueva fase de reorganización económica. En ella, recursos que durante décadas se consideraron parte del patrimonio colectivo —fondos públicos, sistemas de pensiones o ahorro social— tienden a integrarse en estrategias más amplias de acumulación y de reorganización geopolítica. La evolución de este proceso no está predeterminada. Allí donde la apropiación de riqueza social se hace más visible, también se intensifican las contestaciones políticas y sociales.
El debate sobre el futuro del Estado de bienestar europeo, sobre el destino del ahorro colectivo y sobre la relación entre economía civil y economía de guerra se perfila así como uno de los grandes campos de conflicto político en la Europa de las próximas décadas.
Eduardo Luque Fuente: El viejo topo