EL NEGOCIO DE LAS VIVIENDAS SOCIALES PROTEGIDAS
Un área atractiva para los grandes fondos han sido las privatizaciones singulares de las viviendas sociales de protección pública, cuestionadas en los tribunales. En julio de 2013, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid vendió 1.860 viviendas por 125,5 millones a la compañía Magic Real Estate-Blackstone Group International Partners, una firma estadounidense de gestión de activos del Grupo del Deutche Bank, son pisos sociales en alquiler y algunos de los inquilinos tienen opción de compra. En realidad, la compra fue realizada por Blackstone mediante su filial española Fidere, convertida posteriormente en una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria (socimi), para beneficiarse de ventajas fiscales, como la exención en el pago del Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; a cambio de dedicar el 80% de sus viviendas al alquiler. Lo llamativo es que en junio de 2014, Fidere, la socimi de Blackstone, a diferencia de sus homólogas, aún no hubiera solicitado a los organismos reguladores autorización para cotizar en la Bolsa española.
Y un mes más tarde, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA) entregaba otros 3.000 pisos de 32 promociones del Plan Joven, a los fondos de inversión de Goldman Sachs y Azora, que pagaron por ellos 201 millones, constituyendo una nueva entidad Encasa-Cibeles. En ambos casos, el casero de los inquilinos de los inmuebles vendidos ya no era el Estado sino Fidere de Blackstone o Encasa Cibeles, la inmobiliaria de los dos fondos de inversión : el estadounidense Goldman Sachs y el español Azora especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telefónica y del BBVA. En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del IVIMA, de 1860 pisos del Ayuntamiento de Madrid y de 298 pisos del Ayuntamiento de Barcelona.
Los inquilinos mantendrían las condiciones actuales, proclamaron al unísono ambas administraciones públicas para superar las reticencias de los inquilinos que eran beneficiarios de alquileres sociales y de contratos con opción a compra a precio limitado. Unos meses después, sin embargo, los afectados se encontraban con que la privatización de la vivienda pública, les iba a salir más cara de lo que les habían prometido. Encasa-Cibeles se dispone a disolver las juntas vecinales para controlar las comunidades; y el encarecimiento se ha producido por distintas vías. Una de ellas es la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el IVIMA como "deferencia" con sus inquilinos; y una vez que los inmuebles pasaron a manos de los fondos, el peso recayó en los residentes. Como denuncian los vecinos, comercian con pisos protegidos que se han construido con el dinero de todos en suelo público; los inquilinos han pasado de tener un casero llamado Estado a otro que se llama Goldman Sachs. El primero era más permisivo en la situación de crisis social y aplicaba reducciones en el alquiler para casos personas en paro y con hijos.; el segundo no ha cambiado formalmente los términos del contrato pero los aplica a rajatabla, buscando la rentabilidad de la inversión.
Los fondos buitre limpian el mercado inmobiliario español, dicen los expertos; y mientras llega una coyuntura mejor lanzan el negocio de las viviendas de alquiler. Los nuevos propietarios están obligados a mantener los contratos con la Comunidad madrileña o con los Ayuntamientos, pero las cláusulas que anteriormente se aplicaban de forma laxa, a menudo en función de las situaciones económicas de los inquilinos, ahora, los nuevos dueños las aplican de forma estricta. Según la información periodística, aunque el contrato incluía el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba, pero Encasa-Cibeles ha empezado a hacerlo; y además, están subiendo los gastos de comunidad un 15%. Y aunque la mayoría de los casos eran contratos de alquiler con opción de compra, los inquilinos están comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, estos fondos de inversión especulativa están fijando para la venta el mayor precio de mercado que permite el contrato.
De hecho, las protestas de los afectados en la calle y en los medios son frecuentes. En septiembre de 2014, ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 48 de Madrid, prestaba declaración la directora general del IVIMA sobre la acusación de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según la querella del Partido Socialista de Madrid (PSM) a la que se sumaron como acusación particular la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA y otros inquilinos de los inmuebles traspasados al fondo buitre AZORA (en esta ocasión no se presentó Manos Limpias como acusación particular). Y este primer pleito presentado se une a diferentes contenciosos por cada una de las 32 promociones públicas vendidas, según conocedores del tema, a la sociedad AZORA, respaldada por el fondo buitre Goldman Sachs.
Entre las alegaciones, se incluye que el hecho de que el precio de venta ha sido inferior al coste de la viviendas sociales, además de irregularidades en las modificaciones legales introducidas previamente. El gobierno regional insiste en que los inquilinos gozan de los mismos derechos y garantías que antes y pueden ejecutar la compra a partir del primer año de alquiler. No obstante, las dos asociaciones demandantes alegan que esa condición se está incumpliendo, al mismo tiempo que acusan a la Comunidad de Madrid por no haber aplicado el derecho de tanteo, es decir, que vendió a AZORA los bloques de viviendas sin dar a los inquilinos la oportunidad de comprarlos por ese precio, cuando ellos tenían la propiedad.
Operaciones similares se han planteado o están en curso en la Comunidad Valenciana y en la Generalitat de Catalunya.....
Resúmen del libro "LOS FONDOS BUITRES, CAPITALISMO DEPREDADOR. Negocios y litigios financieros: de Argentina a Grecia. AUTOR: JUAN HDEZ. VIGUERAS. EDITORIAL: CLAVE INTELECTUAL.