El homicidio y el culpable

Todo empezó el pasado 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en la Occitania francesa. Los servicios policiales lanzaron la alerta de la desaparición de una niña de once años tras la denuncia de sus padres. A Lyhanna se la buscó intensamente y la policía reconstruyó los itinerarios posibles que podría haber hecho la niña desde la última vez que se la vio a la salida del colegio. Seis días después, encuentran el cuerpo sin vida de la pequeña en un silo de grano de la zona. El principal sospechoso es Jerôme B., de 41 años, que la había ido a buscar al colegio con su coche y que conocía a la pequeña porque era amiga de su hija. 

Tras su detención, la policía comprueba que el sospechoso tenía varias denuncias de otras madres que contaron que había agredido sexualmente a sus hijas. Algunas de estas denuncias incluso se desestimaron. La última alerta es del pasado año. Una mujer, que ya ha anunciado que va a denunciar al Estado y al Ministerio de Justicia, insistió a la policía del Alto Garona, que Jerôme había violado a su hija repetidas veces entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. Ante sus múltiples llamadas, una de las veces, los agentes que la atendieron le llegaron a decir que la iban a denunciar por acoso.

A pesar de que los análisis médicos forenses confirmaron las agresiones sexuales, y que la policía sí que acabó por ello hablando con la niña, a la fecha de la muerte de la pequeña Lyhanna, ni la policía, ni la fiscalía habían interrogado a Jerôme B.

La tormenta política y la cadena perpetua

En plena cuenta atrás en la carrera de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, el caso Lyhanna ha impactado de lleno en el parlamento francés y ha abierto una brecha entre el poder ejecutivo y judicial. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, urge ahora a los fiscales a priorizar las decenas de miles de denuncias de pederastia que se acumulan en los despachos, y asegura que no hay problema de recursos como defienden desde los sindicatos judiciales. 

El descontento del gremio se deja notar estos días. Se dicen “abrumados” por la urgencia del ministro que les ha pedido la revisión de estos expedientes con fecha: antes del 14 de julio.

Tanto los fiscales como los magistrados aseguran que faltan medios, más personal, y reconocen que no pueden llegar a todo. Si en Europa hay una media de doce fiscales por cada cien mil habitantes, en Francia solo hay tres, nos dicen desde uno de los sindicatos que denuncian también que la mayor parte del presupuesto de este ministerio se destina a Prisiones.

 

En el torbellino de medidas y urgencias por parte del Gobierno macronista, el primer ministro, Sébastian Lecornu, ha expresado su deseo de que se introduzca en el Código penal la cadena perpetua para los violadores en serie. La medida que se tendría que aprobar en el Parlamento sobrepasaría la pena máxima en Francia por violación que es de 20 años de prisión.

Pero desde las asociaciones que trabajan contra la violencia a mujeres y niños consideran que lo prioritario es la aprobación de la ley integral, estancada en el Parlamento galo, y un cambio de la mentalidad patriarcal.

¿Por qué pasa esto? La movilización social

El caso Lyhanna ha coincidido en el tiempo con la investigación a un centenar de escuelas de primaria e infantil y a una decena de guarderías en París porque, en ellas, monitores de actividades extraescolares habrían abusado de los más pequeños. La municipalidad ha apartado a 132 monitores y de ellos, 52 son sospechosos de delito sexual. A veces, como se ha visto también en los casos de pederastia de la Iglesia católica en este país, al monitor, como al sacerdote, tan solo se le cambiaba a otro centro si se detectaba un “comportamiento irregular”.

Hace tan solo tres meses que en la Asamblea Nacional se terminaron los trabajos de la comisión sobre incesto que arrojó la triste realidad de que, por cada cien denuncias, solo una acaba en condena. Otro dato preocupante es que en Francia, cada año, 160.000 niños son víctimas de una agresión sexual y en el 90 por ciento de los casos el agresor es alguien del entorno, los progenitores, alguien de la familia, o como en el caso de Lyhanna, el padre de su amiga del colegio.

Las vetas en el sistema también quedaron al descubierto el pasado año durante el juicio a Jöel Le Scouarnec, el cirujano que abusó de más de 300 de sus pacientes, la mayoría menores, cuando estaban bajo los efectos de la anestesia. La red sanitaria hizo la vista gorda después de que fuese condenado por tenencia de pornografía infantil, y lo readmitió en otra clínica a la que había estado antes de la condena.

Todos estos recientes acontecimientos preocupan a las asociaciones francesas que cuestionan si hay una protección real a los menores. 

"Aquí es más importante la presunción de inocencia del agresor que la protección del niño que es la víctima", afirma Carlota (nombre ficticio), que ha denunciado al padre de sus hijos por incesto y que, confiesa, “está viviendo un auténtico calvario ante unos jueces a los que les falta formación y medios”.

Desde la organización BeBrave-France, la cofundadora, Mie Kohiyama, considera que en Francia hay una mayor impunidad contra la pedocriminalidad. "La negación de la violencia sexual contra los niños existe en la sociedad y lo vemos en el sistema judicial, en la educación nacional, en algunas familias y necesitamos cambiar esto", nos cuenta en la concentración ante el Palacio de Justicia de París.

Para Camille, de Mujeres Solidarias, a la cultura de la violación se suma una mentalidad patriarcal y la ausencia de una cadena de profesionales de diferentes sectores que atiendan de forma específica las agresiones a menores.

Es lo que se prevé en la Ley Integral. Francia ha mirado a España para elaborarla y su debate final podría ser entre julio y septiembre de este año.

La normativa incluye 79 medidas para prevenir y tratar la violencia a mujeres y menores. Policías y sanitarios preparados en violencia sexual, unos juzgados específicos o entrevistas anuales a cada niño en las escuelas con el fin de prevenir posibles abusos y mejorar la protección.

Según datos aportados por el ministro de Interior, Laurent Nuñez, los delitos sexuales contra menores representaron casi el 60 por ciento de los delitos de violencia sexual el pasado año; y las denuncias contra abusos sexuales de menores se han duplicado en la última década.