Abusos contra los derechos humanos i desiualdades: Análisis global y perspectivas regionales.

En 2020 el mundo se vio sacudido por la COVID-19. La pandemia y algunas de las medidas adoptadas para abordarla tuvieron un efecto devastador en la vida de millones de personas, y también revelaron —y en ocasiones agravaron— patrones ya existentes de abusos contra los derechos humanos y de desigualdad. Algunas de estas situaciones tenían su origen en la discriminación por motivos de raza, género u otra índole que con frecuencia se entrecruzaban y dejaban a determinadas poblaciones en una posición especialmente vulnerable.

Estos abusos y desigualdades fueron señalados y combatidos enérgicamente por movimientos impulsados por la ciudadanía tales como Black Lives Matter y las campañas de los derechos de las mujeres, cuya resiliencia dio lugar a algunas victorias conseguidas con mucho esfuerzo.

La pandemia puso claramente de manifiesto los efectos que habían tenido en los derechos humanos los años de crisis económicas y políticas y las deficiencias de los sistemas mundiales de gobernanza y cooperación, que algunos Estados agravaron eludiendo sus responsabilidades o atacando a las instituciones multilaterales.

Estas dinámicas se reflejaban en las tendencias observadas en tres ámbitos: las violaciones del derecho a la vida, a la salud y a la protección social; la violencia de género y las amenazas a los derechos sexuales y reproductivos, y la represión de la disidencia.

Por otro lado, en conflictos tanto prolongados como recientes, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados llevaron a cabo ataques indiscriminados y selectivos contra la población civil, con los que mataron a miles de personas y causaron o prolongaron desplazamientos masivos y crisis humanitarias.

Pese a algunas destacadas sentencias condenatorias por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la impunidad en períodos de guerra y en tiempo de paz continuó siendo la norma, y el Estado de derecho se deterioró en algunos países. Los desastres, agravados por la crisis climática, afectaron a millones de personas. La imagen general era la de un mundo en una situación caótica. Sin embargo, si los líderes y lideresas mundiales fundamentan en los derechos humanos las medidas de recuperación después de la pandemia y otras crisis, tienen la ocasión de reanimar la cooperación internacional y configurar un futuro más justo.

Vidas, Salud y Protección social.

La COVID-19 mató al menos a 1,8 millones de personas en todo el mundo en 2020. Los sistemas de salud y los programas de protección social, debilitados por decenios de inversión insuficiente y la falta de preparación, carecían de medios para responder. Los ingresos de los trabajadores se vieron afectados por el creciente desempleo y la inactividad, al tiempo que el número de personas que padecían inseguridad alimentaria aguda se duplicó hasta llegar a 270 millones. Los gobiernos no protegieron suficientemente al personal sanitario y otros trabajadores y trabajadoras esenciales. Miles de estos profesionales perdieron la vida a causa de la COVID-19, y muchos otros enfermaron gravemente debido a la escasez de equipos de protección individual (EPI).

Según denuncias documentadas por Amnistía Internacional, las autoridades estatales hostigaron o intimidaron al personal sanitario y de otros sectores esenciales en el contexto de la pandemia en 42 de los 149 países a los que la organización hizo un seguimiento. Algunas personas sufrieron represalias, como la detención y el despido, por expresar su preocupación por la seguridad o las condiciones laborales. Las trabajadoras del sector sanitario y de los cuidados se vieron especialmente afectadas, pues representaban el 70% de la fuerza laboral en esos campos, en los que ya sufrían una importante brecha salarial de género.

Algunas medidas gubernamentales para abordar la COVID-19 tuvieron consecuencias discriminatorias para los grupos marginados. Los confinamientos y toques de queda provocaron que un número especialmente elevado de trabajadores y trabajadoras de la economía informal perdieran sus ingresos sin tener acceso a una protección social adecuada. Estas medidas afectaron de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, por su presencia mayoritaria en ese sector.

La medida de implantar la educación exclusivamente online sin garantizar el acceso a las tecnologías apropiadas desfavoreció a muchos estudiantes de grupos marginados. La carga de las tareas escolares recayó principalmente sobre las mujeres, al igual que otras labores de cuidado no remuneradas producto del cierre de los servicios públicos (incluido el cuidado de familiares enfermos).

Además, la COVID-19 empeoró la situación ya de por sí precaria de las personas refugiadas y migrantes, que en ocasiones quedaron atrapadas en campos o centros de detención en condiciones de miseria o se vieron bloqueadas por los cierres de fronteras. Se tuvo noticia de devoluciones (refoulement) de población refugiada y migrante en 42 de los 149 países en los que Amnistía Internacional realizó un seguimiento.

Aunque algunos gobiernos tomaron medidas para poner en libertad a personas reclusas con el propósito de frenar la propagación de la COVID-19, el hacinamiento y las condiciones insalubres de los centros de detención pusieron en peligro a la población penitenciaria. La práctica continuada de los desalojos forzosos (Amnistía Internacional registró denuncias de este tipo de actos en 42 de los 149 países sometidos a seguimiento) incrementó la exposición de las personas al virus al quedarse sin hogar.

En muchos países, las minorías étnicas y los pueblos indígenas presentaron índices desproporcionadamente elevados de contagio y muerte, en parte debido a la situación preexistente de desigualdad y falta de acceso a atención médica. Algunas personalidades políticas y religiosas estigmatizaron a grupos marginados, a los que culparon de propagar el virus. La población musulmana de algunos países de Asia meridional y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de varios países africanos y europeos fueron algunos de los blancos de esos ataques.

Cuando la COVID-19 fue declarada pandemia, los Estados aludieron sistemáticamente a la necesidad urgente de contenerla, mitigarla y derrotarla en un marco de respeto pleno de los derechos humanos. El mecanismo COVAX de las Organización Mundial de la Salud (OMS) era una iniciativa mundial positiva para garantizar que más países pudieran acceder a las vacunas, pero se vio debilitado por la no participación de Estados Unidos y Rusia, el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos y la negativa de las empresas a compartir la propiedad intelectual.

Más de 90 países establecieron restricciones a la exportación de artículos tales como equipos médicos, EPI, productos farmacéuticos y alimentos. Los Estados ricos también bloquearon la adopción de una propuesta presentada en la Organización Mundial del Comercio para aplicar una exención temporal de derechos de propiedad intelectual a los productos relacionados con la COVID-19, concebida para facilitar el acceso universal a esos productos. Las discrepancias entre Estados Unidos y China en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la mención de la OMS retrasaron la aprobación de una resolución sobre un alto el fuego mundial para apoyar la respuesta a la COVID-19 durante tres meses.

Aunque el G20 acordó una suspensión limitada de los reembolsos de deuda de los países más pobres, esta suspensión distó mucho de cumplir su finalidad declarada de ofrecer una respuesta coordinada en gran escala.

Para reafirmar la cooperación internacional y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, todos los gobiernos deben garantizar la disponibilidad y accesibilidad de las vacunas contra la COVID-19 para todas las personas y su administración gratuita en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Asimismo, deben apoyar la creación de un fondo mundial de protección social fundamentado en las normas de derechos humanos. Los países ricos y las instituciones financieras internacionales deben garantizar que todos los Estados disponen de los recursos necesarios para responder a la pandemia y recuperarse de sus efectos, inclusive mediante la suspensión y cancelación de la deuda

Violencia por motivos de género.

En Corea del Sur, Kuwait y Sudán se aprobaron nuevas leyes para responder a la violencia contra las mujeres y las niñas. Algunos países, como Croacia, Dinamarca, España y Países Bajos, tomaron medidas para mejorar las leyes sobre violación y hacer que se basaran en el consentimiento.

En varios países africanos hubo actuaciones judiciales sin precedentes encaminadas a poner fin a la impunidad por violación y otras formas de violencia sexual en situaciones tanto de paz como de conflicto. La Unión Africana parecía decidida a redactar un nuevo tratado regional para combatir la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la aplicación del Convenio de Estambul (el tratado equivalente del Consejo de Europa) se vio obstaculizada en tres Estados miembros. En la práctica, la violencia de género —incluidos los homicidios en nombre del “honor” y la violencia sexual, de género en el ámbito familiar y basada en la casta— se mantuvo en un nivel alarmantemente elevado en todo el mundo, y las autoridades en general no adoptaron medidas suficientes para impedirla, enjuiciar los responsables y conceder a las sobrevivientes acceso a reparación.

En ocasiones, las propias autoridades cometieron actos de violencia, por ejemplo, castigando a las mujeres por presuntas transgresiones de la ley islámica o sometiendo a los hombres a exámenes anales que constituían tortura. La arraigada práctica de la discriminación en la legislación y en la práctica sustentaba la violencia y se manifestaba de otras formas.

Amnistía Internacional registró denuncias de personas LGBTI que fueron detenidas o privadas de libertad en 2020 debido a su orientación sexual o identidad de género en 24 de los 149 países a los que sometió a seguimiento. La situación se agravó por las medidas de control de la COVID-19. Las organizaciones de apoyo de todo el mundo denunciaron un notable incremento de la violencia intrafamiliar y de género, y muchas mujeres y personas LGBTI permanecieron encerradas con sus maltratadores durante el confinamiento.

Algunos gobiernos tomaron medidas de urgencia para ayudar a las sobrevivientes. Muchos otros, sin embargo, clasificaron el apoyo que recibía esta población —incluidos los servicios de orientación y salud sexual y reproductiva— como actividad no esencial, lo que provocó su suspensión durante los confinamientos. Algunas jurisdicciones aplicaron esa misma clasificación a los servicios de aborto, disposición que afectó de manera desproporcionada a los grupos marginados.

Otras, por el contrario, adoptaron políticas progresistas tales como autorizar el acceso a píldoras abortivas a través de la telemedicina para reducir el riesgo de contagio. El acontecimiento positivo fuera del contexto de la pandemia fue la despenalización del aborto en Argentina, Corea del Sur e Irlanda del Norte. No obstante, el aborto continuó penalizado en la mayoría de los países de las Américas, y una decisión judicial restringió aún más el acceso a él en un Estado de la Unión Europea.

En el ámbito internacional, los Estados miembros de la ONU celebraron el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing con la aprobación de una aplaudida declaración política de reafirmación de los compromisos de promover los derechos humanos de las mujeres y eliminar “todas las formas de violencia y prácticas nocivas contra todas las mujeres y las niñas”.

Sin embargo, no incluyeron ninguna referencia explícita a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva. Por otro lado, algunos gobiernos trataron de socavar el consenso existente en torno a los derechos de las mujeres y la igualdad de género mediante continuos intentos de eliminar los “derechos sexuales y reproductivos” de compromisos internacionales de larga data.

Los gobiernos deben actuar de manera urgente y concertada para poner fin a la ofensiva contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTI e implementar medidas concretas para alcanzar la justicia de género. Asimismo, deben convertir iniciativas globales tales como la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los programas en materia de mujeres, paz y seguridad en medidas concretas para eliminar la violencia de género, abordar sus causas fundamentales (incluida la discriminación) y garantizar los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas. 

Represión y violencia.

Muchos gobiernos limitaron el espacio de la sociedad civil por vías que incluyeron, entre otras, la represión de la disidencia. En respuesta a las protestas contra gobernantes que no rendían cuentas, el menoscabo de los derechos sociales y económicos y el racismo estructural — como las acciones encabezadas por el movimiento Black Lives Matter—, las fuerzas de seguridad hicieron un uso indebido de las armas de fuego y las armas menos letales (como el gas lacrimógeno) y causaron ilegítimamente la muerte de cientos de personas y heridas a muchas más.

También atacaron, mediante la intimidación y la detención arbitraria, a periodistas, miembros de la oposición política y defensores y defensoras de los derechos humanos. Algunas de estas personas habían puesto al descubierto casos de corrupción o violaciones de derechos humanos. Otras sufrieron persecución en el contexto de elecciones empañadas por denuncias creíbles de fraude o restricciones de las libertades básicas. Las defensoras de los derechos humanos corrían un peligro adicional a causa de su género.

En algunos países, especialmente de Asia y de Oriente Medio y el Norte de África, las autoridades persiguieron e incluso encarcelaron a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos presentando contra ellos cargos vagamente formulados (como desinformar, filtrar secretos de Estado e insultar a las autoridades), o los calificaron de “terroristas”. Algunos gobiernos adquirieron equipos de vigilancia digital para actuar contra ellos, y otros impidieron la actividad de las organizaciones de derechos humanos (incluida Amnistía Internacional).

En América Latina y el Caribe, que seguía siendo la región más violenta para los defensores y defensoras de los derechos humanos, los grupos delictivos mataron a decenas de ellos en acciones vinculadas a intereses empresariales o del Estado. Algunas autoridades de las Américas y de Oriente Medio y el Norte de África promulgaron leyes que criminalizaban los comentarios relacionados con la pandemia y posteriormente enjuiciaron a personas por difundir noticias falsas u obstruir decisiones gubernamentales.

En Europa, algunos gobiernos mezclaron la crisis de salud pública con cuestiones de seguridad nacional, y promovieron de manera precipitada legislación sobre seguridad nacional o reforzaron (o amenazaron con reforzar) las capacidades de vigilancia. Para aplicar las restricciones a las reuniones durante la pandemia, muchos gobiernos impusieron prohibiciones generales de las manifestaciones o hicieron uso ilegítimo de la fuerza, especialmente en África y las Américas.

Además, las autoridades sancionaban a quienes criticaban las medidas gubernamentales contra la COVID-19, exponían casos de violaciones de derechos humanos en la respuesta a la pandemia o cuestionaban el discurso oficial en torno al tema, especialmente en Asia y en Oriente Medio y el Norte de África. Cientos de estas personas fueron detenidas arbitrariamente y, en algunos casos, fueron acusadas formalmente y procesadas.

En algunos países, el gobierno utilizó la pandemia como pretexto para reprimir críticas relacionadas con otros asuntos. En el ámbito internacional, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hubo avances para abordar crisis de derechos humanos tales como las de Libia, Venezuela y Yemen mediante la creación, el mantenimiento y la mejora de mecanismos de investigación que contribuirían a las actuaciones penales.

Aun así, los Estados miembros de la ONU no reaccionaron de manera creíble ante la represión de la disidencia y otros patrones de situaciones graves en materia de derechos humanos en países como China, Egipto e India. Algunos gobiernos alimentaron los problemas al seguir vendiendo material para el control de multitudes y munición a Estados que era muy probable que los utilizaran para cometer violaciones del derecho internacional en situaciones de aplicación de la ley, además de en conflictos. Varios de ellos violaron de manera flagrante los embargos de armas del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrió investigaciones sobre la situación en Afganistán y continuó las que ya había abiertas sobre la situación en Myanmar y Bangladesh. Concluyeron los exámenes preliminares sobre la situación de Nigeria y Ucrania, y la fiscal anunció su intención de solicitar investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La Fiscalía también solicitó una decisión sobre el alcance de la jurisdicción territorial de la CPI en los Territorios Palestinos Ocupados, con vistas a abrir una investigación. Sin embargo, los Estados poderosos siguieron tratando de bloquear la rendición de cuentas por otros patrones de violaciones graves de derechos humanos y de socavar las respuestas colectivas a esos actos. Estados Unidos impuso sanciones a empleados de la CPI.

El obstruccionismo de Reino Unido fue un factor determinante en la deplorable decisión de no abrir una investigación sobre las denuncias relativas a las fuerzas armadas británicas en Irak. China y Rusia atacaron el marco internacional de derechos humanos y la labor de los observadores independientes de derechos humanos de la ONU.

El persistente bloqueo político en el Consejo de Seguridad incapacitó a este órgano de la ONU para responder de manera eficaz y oportuna a las crisis de derechos humanos. En general, los gobiernos dificultaban la colaboración de los actores de la sociedad civil con la ONU mediante represalias e intimidación.

Los mecanismos e instituciones de derechos humanos de la ONU también sufrieron una crisis de financiación y liquidez a causa del impago o el atraso en el pago de las contribuciones por parte de los Estados miembros. Los problemas se vieron agravados por la pandemia. Para construir un futuro en el que las instituciones encargadas de proteger el derecho internacional puedan, de forma eficaz, prevenir la represión de la disidencia y otros patrones de violaciones graves de derechos humanos, darles respuesta y exigir rendición de cuentas, todos los Estados deben reforzar y financiar íntegramente los mecanismos e instituciones de derechos humanos de la ONU. Asimismo, deben colaborar plenamente con la Corte Penal Internacional en los casos en curso y hacer frente a las injerencias políticas.