El agua no es solo un bien común

Cuando uno conduce bajo un sol abrasador por las carreteras del sur de Arizona, cuesta no sentirse invadido por una sensación de absurdo. Mientras el Oeste americano atraviesa una prolongada sequía, en el desierto de Sonora se construyen y extienden hasta donde alcanza la vista conjuntos residenciales unidos a sus correspondientes centros comerciales por carreteras de doble carril; en las inmediaciones del aeropuerto de Tucson, viviendas insalubres, desprovistas de aire acondicionado y a veces de agua corriente, salpican las áridas y polvorientas llanuras del condado de Pima; a pocos kilómetros de ahí, lujosos chalés rodeados de cactus centenarios dominan el valle, haciendo gala de unos muy elaborados “jardines desérticos” que, con plantas xerófitas y piedras hermosamente dispuestas, traducen en la estética las recomendaciones oficiales de no consumir demasiada agua. Para mantener esta mancha urbana y sus beneficios económicos, un canal de más de 540 kilómetros (el Central Arizona Project) desvía las aguas del Colorado en un cauce de más de siete metros de anchura media regulado por catorce estaciones de bombeo y varias decenas de compuertas, alcanzando un caudal de 85 metros cúbicos por segundo.

Esta región, que vive por encima de sus posibilidades hídricas, ha sido también escenario de diversas iniciativas ecológicas por parte de la Administración del condado de Pima. El río Santa Cruz, que llevaba varias décadas seco por la sobreexplotación de las capas freáticas y de los ríos de la región (pastos, agroindustria, cultivo de algodón, explotaciones mineras, crecimiento urbano, etc.), ha vuelto a ser río, al recibir las aguas residuales de la ciudad de Tucson, que ahora se reciclan y vierten en varios lugares. Aunque el proyecto no cuadra exactamente con la idea de una restauración ecológica protectora del funcionamiento del ciclo del agua y de la autorregulación de los ecosistemas, sí pone de relieve un rasgo clave de la relación contemporánea con los “recursos naturales”, incluso cuando la sostienen las mejores intenciones medioambientales: el acceso al agua depende de una vasta infraestructura técnica (1) –en este caso, plantas depuradoras (con sus dispositivos químicos) y tuberías para conducir las aguas reprocesadas hasta el río. Las reflexiones sobre los conflictos del agua suelen dejar de lado esta realidad prosaica en favor de una idea tan general como generosa, al menos en apariencia: este recurso habría de considerarse como un bien común, esencial para la vida. De ello se derivaría un “derecho al agua” que daría institucionalidad a un vínculo espontáneo entre la naturaleza y la humanidad. Pocas cosas hay menos naturales, sin embargo, que el acceso a este recurso y las formas socializadas de su apropiación.

El investigador Bernard Barraqué (2) distingue tres etapas en el desarrollo de la industria del agua: la gestión cuantitativa basada en la ingeniería civil que suministra agua desde fuentes lejanas (siglo XIX), la gestión cualitativa basada en la ingeniería sanitaria y las instituciones locales (finales del siglo XIX-principios del XX) y, por último, la gestión patrimonial que implica una ingeniería medioambiental (desde finales del siglo XX). Esta tercera edad, según él, ha permitido pasar de una lógica basada en la oferta (aumento del recurso) a una gestión basada en la demanda (mayor sobriedad de los usos) donde lo que se considera no es tanto un recurso natural como un servicio de abastecimiento, especialmente en el caso de las ciudades. La mayoría de las instituciones internacionales hacen suya esta lógica de oferta y demanda. Así, la Asociación Mundial para el Agua (Global Water Partnership) –una organización intergubernamental especializada en cuestiones de gestión hidrológica– lamenta el escaso interés de las directivas europeas por estos problemas de sequía y la cuasi ausencia de medidas para la adaptación de los usos. Existen, eso sí, “planes de gestión” europeos que recomiendan reaccionar ante la sequía aumentando los suministros o prevenirla almacenando agua con vistas a aumentar la oferta, pero las medidas de adaptación basadas en una lógica de demanda (adecuando los usos a los límites de los recursos disponibles) “no tienen presencia significativa en las políticas europeas” (3). Por eso habría que seguir y seguir trabajando en el tema del uso del agua: dejarse de piscinas y orinar en la ducha mientras nos lavamos los dientes con la otra mano.

© Corinne Janier. — N’est-ce pas l’eau qui décide?, 2021

Pero tales mandatos de sobriedad limitan las formas de acción a lógicas individuales de comportamiento y, sobre todo, despolitizan lo que está en juego, que es precisamente todo lo que concierne la construcción, la propiedad y el control de las instalaciones indispensables para la prestación de los servicios esenciales y, por tanto, para la vida colectiva. Por ejemplo, en la mayoría de los casos solo se puede acceder al agua a través de redes de tuberías (para llevarla hasta el grifo, para el saneamiento, etc.). Rechazar los megaproyectos inútiles (grandes presas, canales para trasladar el recurso de una región a otra, etc.) no debe hacernos olvidar que incluso las mejores intenciones ecológicas requieren dispositivos técnicos, trátese de reciclar las aguas residuales, almacenar el agua pluvial, restaurar los cursos de agua, permeabilizar el suelo, etc. La implantación de estos sistemas requiere conocimientos de hidrología (estado del recurso, etc.), economía (tarificación, condición jurídica de los operadores, contratos, etc.) y, sobre todo, una ingeniería medioambiental atenta al funcionamiento de los ecosistemas. Muchos proyectos surgen ahora basándose en las “infraestructuras ecosistémicas” (4), sobre todo en los ecobarrios de los países del Norte, que promueven soluciones alternativas y descentralizadas sin por ello adoptar la relación sensiblera con la naturaleza que es bandera del “ambientalismo de los ricos” (5).

¿Cambiar las políticas del agua? La cuestión ha sido objeto de especial atención en los últimos años por la mayor frecuencia de episodios de sequía, resultado de una profunda alteración del ciclo hidrosocial: el calor aumenta la evaporación, los arroyos y ríos se secan, las capas freáticas se recargan a duras penas, hasta el punto de que el acceso al agua ya no está garantizado en todas partes y durante todo el año, hasta en zonas que no están clasificadas como áridas (6). En una parte creciente del territorio, las agencias del agua prevén déficits cercanos a la mitad del consumo anual de aquí a 2050. Estas alteraciones están ya generando muchos conflictos, por ejemplo, entre agricultores y ambientalistas por las “megabalsas” en Francia (véase el artículo de Sylvain Leder, página 18). Ahora bien, ¿qué se puede hacer con una relación de fuerzas políticas tan adversa que lo mismo impone la construcción de una megabalsa que una reforma de las pensiones?

Partir de las infraestructuras hídricas y no de la visión de un bien gestionado por políticas de la oferta (que abocan al hiperconsumo) o de la demanda (que apelan a la virtud), es también volver a los problemas prácticos ligados al ideal de acceso al agua para todos: ¿quién paga el consumo, financia las redes de suministro, las construye y las mantiene? Y, sobre todo, ¿quién las posee y controla? Tradicionalmente, fue el Estado: en muchas sociedades orientales, el poder se asentó en la “gran hidráulica”, sus canales de riego y la prevención de inundaciones (7); del mismo modo, los paisajes del Oeste americano son el resultado de inversiones masivas del Estado federal desde el siglo XIX para construir megaproyectos (agua, transporte, etc.) y transformar el desierto en oasis (8). Con la consideración de que las infraestructuras eran un factor esencial para el desarrollo de los países emergentes, los gobiernos occidentales delegaron su explotación en el sector privado en las décadas de 1980 y 1990, subiendo el agua al carro del gran desmantelamiento de los servicios públicos. Por su parte, las instituciones internacionales movilizaron a las empresas para desarrollar redes en el Sur.

Estas políticas pusieron más o menos explícitamente en entredicho el modelo de distribución universal, erigido como la mejor forma de responder al reto del “agua para todos” desde el siglo XIX. En particular, la gestión del agua y la construcción de grandes instalaciones se presentaban como demasiado costosas con relación a los ingresos de las poblaciones pobres de los países emergentes. Sin embargo, las investigaciones realizadas en varios países del Sur han demostrado que para las personas sin acceso a los servicios públicos (y que, por tanto, tienen que comprar agua embotellada, camiones cisterna o financiar sus propios equipos de almacenamiento de agua de lluvia), el agua es más cara que en los barrios más acomodados que sí tienen acceso a ella (9). En la mayoría de los casos, la gente puede incluso contribuir económicamente a la construcción de la red, siempre que se preste un servicio adecuado. Esta es una de las paradojas de las movilizaciones políticas en favor de los servicios urbanos: incluso en los países pobres, priorizan unas mejores condiciones de acceso antes que la gratuidad del servicio.

Por lo tanto, basar el acceso de las poblaciones más pobres a los servicios básicos en la única reivindicación de un “derecho al agua” es una postura difícil de sostener. Más allá de tener en cuenta los criterios de justicia y participación democrática, es necesario determinar si el modelo de abastecimiento establecido en Europa y Estados Unidos desde el siglo XIX, el de una red urbana en la que un operador actúa sobre un territorio, sigue siendo el más adecuado para responder a la lógica de expansión de manchas urbanas y de creciente demanda de agua, como así lo revela la situación de las regiones que sufren “estrés hídrico”. ¿No habrá que apostar, al revés, por la universalización de las soluciones descentralizadas que están surgiendo en el Norte en forma de ecobarrios autónomos, que cohabitan por el momento con las infraestructuras que abastecen a territorios relativamente extensos? Estos complejos residenciales están equipados para depurar in situ las aguas residuales, recuperar el agua pluvial, producir fangos de depuración que sirvan de abono para los huertos comunitarios, etc. Pero estas prácticas, pregonadas por sectores privilegiados de la ciudadanía o por círculos políticos favorables a la expansión de las “tecnologías verdes”, socavan a su vez la viabilidad económica del modelo de distribución universal que las políticas neoliberales han intentado destruir. Con su secesionismo verde, sus promotores se ven acusados de romper con el servicio público y, por tanto, con la solidaridad debida a los más necesitados. Entre el poder de las burocracias del agua y el de las multinacionales, ¿bastará con fomentar usos más sobrios sin plantear la cuestión financiera, y también política, de la generalización de las infraestructuras que los hacen posibles?