En diciembre de 2020, el precio medio mayorista de la electricidad se situó en 41,97 €/MWh. Ocho meses más tarde, cuando este artículo se publica se ha incrementado un 171% con respecto a la media de diciembre y se ha triplicado con respecto a la media del mes de agosto de 2020.

No hay que ser muy listo para detectar que tenemos un grave problema. Pero parece que sí que hay que serlo para encontrar solución al mismo para consumidoras y consumidores.

Porque los más doctos piensan que estamos ante algo prácticamente irremediable. Esta misma semana, el documento publicado por el Banco de España (PDF) explica lo ocurrido como la conjunción de una serie de factores sobre los que no tenemos capacidad de control. De hecho, el estudio indica que un 50% provendría del aumento de los precios del gas, materia prima utilizada por las centrales de ciclo combinado, el 20% es debido al encarecimiento de los derechos de emisión de CO2 que impactan de forma directa en los costes de generación de la energía eléctrica a través de tecnologías que hacen uso de combustibles fósiles. El resto tendría que ver fundamentalmente con la mayor imposición derivada de las bases imponibles superiores por el incremento de los costes (impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y el IVA).

Hasta el propio supervisor ha detectado que, aunque la evolución de los precios mayoristas de la electricidad en otros mercados europeos ha sido similar a la del caso español, el encarecimiento de los precios minoristas a los consumidores finales ha sido muy superior en nuestro país que en el resto de Europa. Vamos, que aquí pasa algo y muy serio.

Pero aunque ha llegado hasta este punto, el Banco de España no se ha detenido en demasía sobre un factor que parece que debe estar blindado: el beneficio de las empresas que producen la energía eléctrica.

Porque, permítanme la ironía, ya ustedes supondrán que los más de 16 millones de euros diarios de promedio que obtienen las grandes compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy desde 2014 hasta la actualidad, no se pueden tocar. Bastante han invertido estas corporaciones en poblar sus consejos de administración de señores y señoras de PP y PSOE como para que algún gobierno ose modificar el statu quo.

Sin embargo, frente al fatalismo que algunos mensajes pretenden hacer que calen, la situación actual tiene solución. Claro que la tiene. Pero que a nadie se le escape que esto solo puede pasar por tocar las enormes rentabilidades que obtienen las empresas del sector.

Hay que remontarse al origen de todo esto y seguro que habrá quien todavía se acuerde de lo que se contaba en los años anteriores a 1998. Todos los procesos de liberalización se envuelven en la máxima de que redundará en que a la gente le costarán menos los bienes. También ocurrió con la electricidad con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico 54/1997.

Pero no pasó.

Cuando se inició la liberalización del mercado eléctrico, el precio del MWh era de 26 euros. Actualmente el precio de la electricidad se ha incrementado siete veces más que el aumento que ha tenido el SMI en términos reales. Alguien pensará que Aznar y Rato se equivocaron. Por supuesto que eso no fue una sorpresa para estos dos enemigos de la clase trabajadora. Sabían igual que nosotras y nosotros lo que ocurriría. En vez de bajadas de precio, lo que se ha constatado es un significativo incremento de los beneficios de las empresas exclusivamente procedentes de sus actividades eléctricas en España a una tasa de crecimiento compuesta media anual ni más ni menos que del 2,7%.

¿Cómo lo arreglamos?

Durante todos estos años se ha articulado un sistema que ha garantizado ingresos y beneficios a las compañías a costa de fondos públicos y recibos más elevados. Y esto no se arregla solo bajando impuestos indirectos, los tributos más injustos. Hace falta intervenir en el funcionamiento del mercado mayorista de la electricidad, bajo un sistema denominado marginalista, en el que todos los generadores reciben un mismo precio fijado por los costes marginales de producción de la tecnología más cara.

Claro, dicho así, la gente no se entera. Pero si contamos que este "mercado persa" consiste en un sistema similar al de un centro comercial al que entras a hacer la compra y cuando llegas a la caja, te cobra todos los artículos adquiridos al precio más elevado de lo que lleves en el carrito, seguro que percibes el atraco de forma mucho más clara.

¿Alguien en su sano juicio pagaría una factura en la que hay pan, leche, garbanzos y una botella de whisky de importación, todo ello al precio de esto último? Pues con la electricidad lo hacemos.

No solo eso. La cosa es incluso peor. Porque además no es extraño que dicho mercado marginalista sea manipulado por parte de las compañías. Por ejemplo, reteniendo producción hidroeléctrica para que entre la energía más cara y cobrar todo a un precio más alto. Esto ha pasado pero solo le costó a Iberdrola 25 millones de euros de sanción, el 0,7% de los 3.611 millones de su beneficio en 2020.

Por si no ha quedado claro, Iberdrola nos colocó en el carrito una botella de whisky de importación en la que ni siquiera nos fijamos en nuestro recorrido por el supermercado, pero que sirvió para hacernos pagar el resto de lo adquirido al precio del famoso producto escocés.

Por eso lo primero que hay que hacer es cambiar este sistema de manera inmediata. Simplemente con que cada tipo de energía producida se pagase al coste que supone su generación, después de la imprescindible auditoría pública del mismo, más un margen razonable fijado por la administración, tu bolsillo lo notaría. Precisamente por eso, no lo hacen y te dirán que "no se puede" y que "las directivas europeas lo impiden".

No es cierto que no se pueda acabar de forma inmediata con esos "beneficios caídos del cielo". Piensa que te lo contarán los mismos que hablaban de las bondades de la liberalización y que ahora miran para otro lado cuando les mostramos las consecuencias de lo que han hecho.

Clamarán porque exigimos la intervención pública de los precios y que ésta se puede hacer dentro del marco de la directiva sin ningún problema. Los que más gritarán son aquellos que asisten impasibles a la intervención pública de los precios, porque eso es lo que está ocurriendo, pero en favor de los márgenes descomunales de las grandes compañías eléctricas. No en vano, quienes en los medios de comunicación de masas dirán que los de Unidas Podemos estamos locos y que no se puede hacer son los mismos que obtienen ingresos suculentos gracias a la publicidad realizada en los mismos por parte de las grandes corporaciones que se lucran con este robo a mano armada.

La lógica que subyace detrás del expolio que supone este sistema de fijación de precios es que es la manera de incentivar la producción mediante procedimientos no contaminantes, con tecnologías como la eólica o solar, cuyos costes marginales son muy reducidos. De ese modo se benefician de una retribución fijada a partir de las tecnologías con costes mayores, que son más contaminantes. A nosotras y nosotros se nos ocurre fácilmente otra forma de producir energía eléctrica menos dañina para el medioambiente, sin intermediarios, ni necesidad de pagar primas a operadores privados.

Hágase desde la esfera pública.

Dado que se trata de bienes que no son "interesantes" para la iniciativa privada y precisan de estímulo público para que lo sean, no perdamos el tiempo (guiño, guiño, codazo, codazo).

Por eso en segundo lugar, es imprescindible poner en marcha una empresa pública que desarrolle las tecnologías no contaminantes además de para asumir la explotación de las concesiones de saltos de agua a las compañías eléctricas, realizadas a 75 años principalmente en las décadas de los años 30, 40 y 50, que van a ir finalizando en cascada en los próximos años.

En definitiva, no hay atajos para resolver el problema creado. Ni es suficiente rebajar el IVA, ni basta una corporación pública con un mercado configurado en las actuales condiciones para solucionar la escalada de los precios. De hecho, los consumidores no percibirían ninguna mejora en sus recibos si, por ejemplo, una empresa estatal asumiera dichas concesiones aunque esto al menos permitiría obtener jugosos beneficios para la empresa pública. Pero eso no se traduciría de forma inmediata en una bajada de los recibos.

Se trata de cambiar las reglas del juego para que, por primera vez, estén al servicio del interés general y no del lucro de unos pocos. Para lograrlo, siento decirlo, no son suficientes 35 diputadas o diputados o cinco ministras y ministros capaces y valientes. Es imprescindible que las fuerzas políticas de la izquierda, la sociedad civil organizada, los sindicatos de clase, es decir, la mayoría social se deje la piel peleando algo que décadas de actuación de PP y PSOE han atado de manera firme y sólida, al estilo del nudo gordiano que se encontró Alejandro Magno hace veinticinco siglos.

¿Sabéis que pasará si no lo conseguimos?

Que haya sequía o diluvie a cántaros, haga viento o no, pase lo que pase con las diferentes tecnologías de producción de energía eléctrica, tú cada vez pagarás más, las compañías eléctricas engordarán su cuenta de resultados y los consejeros delegados de esas compañías, con salarios mil veces superior al SMI, aplaudirán el éxito de su inversión en puertas giratorias para que todo siguiera igual.

¿Sabéis que ocurrirá cuando lo logremos?

Dirán que entonces el mercado de la electricidad "ya no es negocio". Y verán nuestra sonrisa porque la electricidad, como la energía en general o la vivienda, no pueden serlo. Sacarlas de esa lógica perversa que nos ha llevado hasta aquí, es esencial para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos.

A veces nos encontramos con nudos gordianos. Si no se pueden desatar, hay que cortarlos de un tajo. Eso es gobernar.

Carlos Sánchez Mato
Profesor de Economía Aplicada Universidad Complutense de Madrid
Responsable de elaboración programática de Izquierda Unida