La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
El Gobierno movilizará hasta 50.000 viviendas de Sareb para alquiler social y asequible
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La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha presentado el plan de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que destinará hasta 50.000 viviendas para alquiler social y asequible, procedentes de su cartera de inmuebles y la cesión de suelos urbanizables.
Esta iniciativa se suma a las actuaciones previstas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2023, como el Bono de Alquiler Joven y las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética, y tiene como objetivo incrementar el parque público de vivienda en 100.000 unidades.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha desgranado esta estrategia, que ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de febrero en el Senado.
Calviño ha afirmado que desde que el Gobierno tomó el control de la Sareb, en abril de 2022, tiene un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional. Todo ello, "con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes".
La Sareb dispone de un 'stock' potencial de vivienda terminada de 21.000 unidades, además de otras 14.000 habitadas y de suelos disponibles para la promoción de hasta 15.000 nuevas viviendas.
Destino de los activos de la Sareb
Nadia Calviño ha avanzado que, para aprovechar estos activos, el Gobierno ha puesto en marcha un plan con tres ejes: la movilización de las 21.000 viviendas para uso social, la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas y la cesión de suelos urbanizables.
Viviendas de usos social mediante acuerdos con comunidades y ayuntamientos
Las 21.000 viviendas de la Sareb identificadas para uso social se movilizarán a través de acuerdos de venta a las comunidades autónomas para alquiler social asequible.
La vicepresidenta primera ha detallado que 9.000 ya están disponibles para la venta y 12.000 pendientes de la finalización de obras o de la cédula de habitabilidad. La Sareb ya ha negociado acuerdos de venta con la Comunidad Valenciana y la Xunta de Galicia y está negociando con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, con los municipios del área metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).
Además, se contemplan convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a Administraciones Públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables.
A modo de ejemplo, Calviño ha destacado los acuerdos para poner viviendas a disposición de trabajadores temporeros en el ámbito agrícola o para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en áreas rurales, así como para el acogimiento de refugiados.
Gestión proactiva de viviendas y refuerzo a la inclusión social
La estrategia contempla la gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas. Nadia Calviño ha avanzado que se identificará a las familias vulnerables y se les ofrecerá el apoyo necesario con "una gestión siempre prudente y responsable de la cartera de activos". Se les ofrecerán alquileres que tengan en cuenta su nivel de renta, se les ayudará a regularizar su situación, en la búsqueda de empleo y en el acceso a los servicios sociales o la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.
En la actualidad, la Sareb ya gestiona más de 2.000 alquileres sociales y está apoyando a más de 400 familias. La vicepresidenta ha argumentado que el alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos, al facilitar que los inquilinos tengan una mejor situación económica y puedan pagar sus rentas.
Cesión de suelos urbanizables
El Ejecutivo también pondrá en marcha un proyecto de cesión de suelo urbanizable mediante un esquema de colaboración público-privada. La entidad cuenta con suelo para construir unas 15.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler asequible.
Además, la Sareb ofrecerá a las administraciones públicas la venta de suelos destinados a otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas u otros espacios públicos.
Nadia Calviño ha señalado que la venta de suelos contribuye al proyecto liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico para abordar la despoblación e implantar proyectos empresariales y de reindustrialización en la España rural, en colaboración con empresas privadas.
Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez ha comenzado su intervención haciendo mención a las medidas adoptadas, que no son más que una adenda al convenio suscrito en su día, el pasado 22 de octubre del 2022, que se suscribió entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sepes que es la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Autorizamos el incremento de gasto a Sepes, para impulsar todas aquellas medidas que sirvan para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible.
"... Se trata de una adenda al convenio que suscribió en su día, el pasado 22 de octubre del 2022, que se suscribió entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Sepes que es la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Con esta adenda, lo que lo que hacemos es autorizar el incremento de gasto a Sepes, para impulsar todas aquellas medidas que sirvan para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible.
En concreto, incrementamos el gasto inicialmente previsto en 115 millones de euros, pasamos, a este incremento adicional, en 260 millones de euros, pasando a ser el importe máximo del gasto previsto para el año 2023 de 375 millones de euros. Por lo tanto, la cantidad que hemos transferido a Sepes es desde el año 2018, asciende a casi 622 millones de euros.
Este convenio convierte, de facto, a Sepes en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado, y en el principal promotor de suelo del Estado, bajo los parámetros del interés público, para recuperar la función social de la vivienda, y permite ejecutar, en parte, el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible.
Lo hacemos porque saben que estamos comprometidos con la promoción de la vivienda, porque consideramos que, desde luego, disponer de una vivienda, de un hogar, es una de las principales fuentes de dignidad y de bienestar para las personas y, especialmente, para aquellas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler, no pueden hacer frente al pago de una hipoteca y, sobre todo, para atender a las necesidades de los más vulnerables y también de los jóvenes.
Como he comentado en otras ocasiones, España cuenta con un parque de vivienda pública de apenas unas 290 000 viviendas, que dan cobertura, tan sólo, al 1,6% de los hogares, y que está muy lejos de los estándares, de la media de países de nuestro entorno, como, por ejemplo, si nos comparamos con Holanda, que está en torno a un 30%, Austria en torno al 24%, sin ir más lejos, el 16,8% de Francia.
Por eso, el Plan de Alquiler Asequible y esta adenda que hoy firmamos es tan importante. Estamos trabajando, creo que, sin dilaciones, para hacer llegar estas políticas públicas allí donde el mercado no llega.
Les informo que de ese Plan de Alquiler Asequible, del que muchas veces hablamos, ya hemos movilizado en torno a un 60%, y quiero hacerles un pequeño resumen.
Ese 60% de esas viviendas, que ya se han movilizado, son aquellas, casi, 14 000 viviendas, 14 266 viviendas, impulsadas, en coordinación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, gracias a los acuerdos suscritos en los últimos dos Planes Estatales de Vivienda.
También hemos acordado, directamente, con las entidades locales, y con las comunidades autónomas, pero fuera de este marco de los planes estatales de vivienda, alrededor de 9849 viviendas.
También, quiero recordar, aquellas que se van a ejecutar gracias a los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de las que ya tenemos acuerdos para construir casi 14 000 viviendas, y vamos a alcanzar, sin duda alguna, los objetivos del Plan de Recuperación, de construir 20 000 viviendas para el año 2026.
También, estamos movilizando todas aquellas que forman parte de la cartera social de la Sareb, (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), de las que 15 000 ya están habitadas, y se prevé que lleguen a 28 000 viviendas.(1)
También, aquellas viviendas que están recogidas en el acuerdo alcanzado con las entidades bancarias, para constituir el Fondo Social, de las que casi 10 000 ya están arrendadas.
Y, por último, y refiriéndome, en especial, a Sepes, esas más de 15 000 viviendas que ya se están desarrollando, de hecho, hoy, gracias a esta adenda, pero también gracias al convenio previamente suscrito por parte de Sepes.
Por lo tanto, creo que es importante destacar que Sepes desempeña un papel muy destacado dentro de este Plan. Lo que hacemos es darle herramientas, para que pueda intervenir, para que pueda recuperar suelos públicos que están en desuso, o suelos públicos que son obsoletos, ya sean suelos que son propios de la Administración General del Estado, suelos de otras administraciones, suelos de otras entidades y, desde luego, como les decía, ponerla a disposición, para poder desarrollar políticas de vivienda asequible, una capacidad para actuar en esos suelos que son propios, otros suelos, también, que son muy interesantes, del Ministerio de Defensa, suelos de la Sareb.
Esta adenda no solo es importante desde el punto de vista cuantitativo, sino, también, desde el punto de vista cualitativo, porque permite ampliar las capacidades que tiene Sepes en la actualidad, para poder intervenir en otras zonas que tienen que dar respuesta al reto demográfico, a la despoblación.
Y en ese sentido, para poner como ejemplos, los convenios o los acuerdos que ya hemos alcanzado en municipios como Pedrafita do Cebreiro, en Lugo, o también en otros municipios más pequeños, como Batea, de la provincia de Tarragona, o Sarriá de Ter, en Girona.
También, nos permite ampliar las capacidades para poder desarrollar suelos que están destinados a usos dotacionales, y que, por lo tanto, esos suelos, o esos equipamientos dotacionales, que son titularidad, normalmente, de los ayuntamientos, también puedan ser puestos a disposición para poder promover vivienda en alquiler asequible.
Y, también, creo que es muy importante destacar el desarrollo de suelos que provoquen sinergias en otros ámbitos de actividad económicas cercanas. La semana pasada, sin ir más lejos, firmamos un protocolo con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y con la Junta de Extremadura, para construir viviendas ligadas al gran desarrollo que supondrá la gigafactoría de baterías que se establecerá en Navalmoral de la Mata.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, con esta adenda dotamos a Sepes de la liquidez suficiente para afrontar nuevas actuaciones, refuerza su posición económica para desarrollar las que ya tenía recogidas en el actual convenio, y me quiero referir, por poner ejemplos, a las actuaciones en Ca n'Escandell, en Ibiza, en Son Busquets, en Palma de Mallorca, en Málaga, en Sevilla, el Cuartel de la Artillería, Cuartel de Ingenieros, en Valencia, y también, quisiera destacar la Operación de Campamento en Madrid, una de las mayores operaciones de regeneración del espacio urbano en Europa de los últimos años, que va a permitir la construcción de en torno a 11 000 viviendas asequibles.
Estas actuaciones, y la planificación en los nuevos suelos que tienen estudio, deberían permitir, a Sepes, superar las 30 000 viviendas a lo largo de la próxima década.
La adenda de hoy, también quiero decir, que no va a ser la última, que la vocación de este Gobierno y también de Sepes, es ir ampliando su cartera de actuaciones, las propias, y las que pueda ir acordando y concertando con las diferentes administraciones y, evidentemente, con el sector privado.
Este Gobierno ha tenido que empezar prácticamente de cero, para intentar revertir un modelo de vivienda que ha marginado a muchas personas, a familias de bajos ingresos, también que ha marginado a las mujeres, a los jóvenes, a los migrantes. Llevamos cinco años trabajando, como les decía, para conseguir garantizar esa función social que tiene la vivienda, para que deje de ser un instrumento que sirva para enriquecimiento de unos pocos, pero que excluya a la mayoría.
Lo hemos hecho multiplicando los presupuestos que hemos destinado a las políticas de vivienda. En el último presupuesto aprobado por el Partido Popular figuraban, en las cuentas, un destino de apenas 475 millones de euros a políticas de vivienda, nosotros hemos multiplicado por ocho esa cantidad, pasando a los cerca de 3500 millones de euros. Por lo tanto, tenemos la obligación de dar respuesta a los ciudadanos, de permitir que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida, que cada uno pueda decidir dónde quiere vivir, cómo quiere vivir y con quién quiere vivir.
Así que muchísimas gracias, a todos y a todas."
Antecedents de la notícia: Les sobres de l'estafa de la SAREB per al poble.
Segons Manuel Gabarre, autor del llibre " Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler," la SAREB, o Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, és una societat que va ser creada per l'Estat i pel Consell Europeu per a evitar la fallida del sistema financer espanyol. Aquest perill provenia que els bancs estaven fortament endeutats entre si. Si entitats importants com Bankia o Catalunya Banc no haguessin retornat els préstecs que havien rebut d'altres bancs europeus, també els podrien haver arrossegat a la fallida. En realitat, el sistema bancari funciona com un castell de naips en el qual la fallida d'una entitat important pot provocar l'enfonsament de tot el sistema financer.
A causa del risc de contagi, el Consell Europeu va prestar més de 50.000 milions d'euros a l'Estat espanyol amb l'obligació que els emprés a pagar els deutes que aquestes entitats arruïnades tenien amb altres entitats financeres.
El preu pagat pel rescat a les entitats financeres ha provocat que el deute públic espanyol s'hagi triplicat des de l'esclat de la crisi. El creixement galopant del deute s'ha produït a pesar que es van anar restringint els drets socials de la població a través de les conegudes "retallades socials."
"Els dirigents espanyols i europeus van dissenyar aquesta intervenció per mitjà d'una entitat privada dirigida a camuflar durant alguns anys que tot el rescat havia estat sufragat amb diners públics."
La SAREB va ser constituïda a la fi de 2012 amb un capital de 4.800 milions d'euros. Més de la meitat d'aquest capital era d'origen privat (56%) i la resta era d'origen públic (45%). Però la qüestió central és que SAREB va rebre un préstec de més de 50.000 milions d'euros per part de la Unió Europea.
El capital públic va ser aportat a través del FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària), que va ser creat en 2008 i ha estat l'encarregat de lliurar les subvencions al sistema financer. Per part seva, el capital privat el van aportar les entitats financeres, encara que aquesta aportació només va aconseguir el 5% del valor del préstec que SAREB va rebre de les institucions europees. D'altra banda, les entitats financeres que van fer les aportacions compensarien part de les pèrdues suportades amb els serveis que anaven a prestar la SAREB.
Els diners que SAREB va rebre prestat s'empraria a comprar, amb un important descompte , els béns immobiliaris dels bancs i de les caixes fetes fallida. SAREB va comprar els actius immobiliaris amb un descompte en relació al que els bancs havien pagat anteriorment, encara que molts d'aquests béns havien perdut tot el seu valor. Per exemple, entre els béns adquirits per SAREB hi havia solars on no sembla que existeixi la capacitat d'edificar cap habitatge, ni tan sols a llarg termini. També va adquirir préstecs a empreses dedicades a la promoció immobiliària, que ja estaven dissoltes i deutes hipotecaris que mai anaven a ser retornades.
SAREB ha estat una de les principals operacions polítiques que ha tingut lloc a Espanya durant els últims anys. D'aquesta operació s'han beneficiat els fons d'inversió estrangers, que venien principalment dels Estats Units, la banca nacional i alguns personatges del panorama polític com la família Aznar ampolla i fins i tot Rodolfo Martín Villa, que va ser conseller de SAREB des de la seva constitució. La principal damnificada és la societat espanyola en el seu conjunt. Hem perdut l'ocasió de disposar d'un parc públic d'habitatge amb una grandària suficient per a fer front a l'especulació duta a terme per les elits econòmiques. De fet, des de 2014 venim sofrint una altra pujada generalitzada i constant dels preus de l'habitatge, que té conseqüències devastadores per al desenvolupament humà i econòmic de la nostra societat.
https://www.lasafueras.info/societat/769-sareb
Martín Cuneo escrivía al diari El Salto, el passat 22 d'abril de 2022:
"Se sabía desde principio de año y el pasado 11 de abril se hizo oficial: dos fondos de inversión estadounidenses que acumulan innumerables denuncias por acoso inmobiliario y operaciones especulativas se harán cargo de gestionar y vender la gigantesca cartera de la Sareb, una entidad recientemente nacionalizada.
La noticia pasó desapercibida, pero las consecuencias no tardarán en sentirse. Aliseda y Anticipa —dos gestoras inmobiliarias de Blackstone— se encargarán del 45% de los activos del banco malo, e Hipoges —dependiente del fondo de inversión KKR— se hará cargo del otro 55%. En conjunto, comercializarán a partir de julio 25.300 millones de euros en inmuebles, suelos, hipotecas y préstamos impagados.
La decisión del Gobierno resuelve por la vía de los hechos el debate mediático y parlamentario en el marco de la Ley de Vivienda sobre la necesidad de traspasar el patrimonio de la Sareb al parque público de vivienda, una medida irrenunciable para el movimiento de vivienda y, en principio, también para Unidas Podemos y otros de los aliados del PSOE, cuyos votos necesita Pedro Sánchez para aprobar la ley."
Para Manolo Gabarre, autor de Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler, la cesión de la cartera de la Sareb a Hipoges y Blackstone es un capítulo más de una “estafa inmobiliaria” que se remonta a 2012, cuando el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, creó la Sareb para comprar con dinero prestado por Europa y avalado por el Estado cientos de miles de activos inmobiliarios de las cajas quebradas. Cuando una década de mala gestión se hizo inocultable y la UE señaló que la deuda del banco malo era en realidad deuda del Estado, al Gobierno no le quedó más remedio que comprar las acciones que le faltaban para tener mayoría en la entidad."
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Investiguen un incendi provocat en un bloc ocupat per famílies sense recursos a Villalba: "Van intentar cremar-nos vives"
Al voltant de 70 persones, entre elles menors i gent amb discapacitat, van ser desallotjats pel foc, iniciat en tres focus en aquest bloc propietat de la Sareb. L'Assemblea d'Habitatge del municipi lamenta la criminalització de l'Ajuntament de les famílies que ocupen necessitat. Exigeixen solucions per a les persones que han perdut la seva llar.
Almenys tres focus diferents.
Fonts de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil apunten a Públic que va haver-hi almenys tres focus pels quals es van propagar les flames, la qual cosa indica que l'incendi va ser premeditat. Després d'una inspecció ocular, els investigadors estan a l'espera que les mostres recollides siguin analitzades per a determinar si es van utilitzar acceleradors incendiaris, segons informava JAIRO VARGAS MARTÍN@JAIROEXTRE. al diari digital Público.es, el passat 29 de desembre.
Segons aquest periodista l'edifici d'habitatges, que pertany a la SAREB, estava sent ocupat per famílies sense llar. L'Assemblea d'Habitatge informa que els ocupants porten dos anys tractant de negociar lloguers socials amb l'entitat pública, però només han rebut denúncies i processos judicials per al desallotjament. Tan sols una de les famílies ha pogut regularitzar la seva situació amb Sareb, expliquen els activistes, que exigeixen que es facin els treballs de neteja i desinfecció perquè els evacuats puguin tornar als pisos en els quals porten des que van decidir okuparlos al desembre de 2020.
L'entitat assegura que està "en contacte i en coordinació amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Collado Villalba per a realitzar les actuacions necessàries i per a reallotjar de manera immediata a les famílies vulnerables que el consistori de la localitat determini". No obstant això, segons els afectats, de moment no s'han posat en contacte amb ells.
L'única actuació que han vist els veïns ha estat l'arribada d'una empresa privada de seguretat a l'edifici que acudia, segons els han explicat, per a col·locar alarmes en els habitatges, on encara estaven les pertinences dels afectats. Ara temen que aquest incendi serveixi de pretext per a tapiar els habitatges i deixar sense casa a les al voltant de 70 persones que aquí residien fins a aquest incendi provocat.
Des de la Sareb, propietària d'aquests immobles, es remeten al comunicat emès aquest dijous en el que lamenten els fets i informen que l'immoble ha resultat molt danyat.