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Diumenge, 26 Mai 2024

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El Pleno del Congreso de los Diputados envía al Senado el proyecto de ley del derecho a la vivienda

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El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda busca "regular las condiciones básicas que garanticen "la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda" y, en particular, "el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma".

27/04/2023
 
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy  por 176 votos a favor, 167 en contra y una abstención al dictamen del Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. Esta iniciativa continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.
 
La sesión plenaria de esta mañana del Pleno ha visto el dictamen y las enmiendas, que  han sido rechazadas, al Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda.
 
El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda busca "regular las condiciones básicas que garanticen "la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con la vivienda" y, en particular, "el derecho de acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma".
 

Antecedents de la notícia:

 

El Gobierno aprueba la Ley por el Derecho a la Vivienda

Consejo de Ministros - 1.2.2022

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto fue presentado el pasado 26 de octubre y supone un hito en la actual etapa democrática, ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

Tanto la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han resaltado que la futura ley consolida el "quinto pilar del Estado del Bienestar".

Raquel Sánchez ha afirmado que el Gobierno ha elaborado una ley "rigurosa, sólida, compacta y transversal" que blinda la función social que debe cumplir la vivienda y tiene vocación de perdurar en el tiempo. Además, ha reiterado que la motivación de la norma es responder a las necesidades de las personas y los hogares con más dificultades de acceso, como los jóvenes, que "han visto limitada su capacidad de poder emanciparse".

A juicio de la ministra, la ley es imprescindible porque el mercado se ha mostrado ineficaz para responder a la necesidad de estos colectivos: "Los poderes públicos tenemos que garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación". Sánchez ha mantenido que "la ley no va en contra de los propietarios sino que va en contra de la especulación", protege sus derechos y reconoce sus obligaciones.

Orden en el sector de la vivienda

Ione Belarra durante su intervención

Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha considerado que esta primera ley de vivienda de la democracia permite comenzar a ordenar el sector inmobiliario y dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y los pelotazos urbanísticos.

Belarra ha recordado que la crisis financiera de 2008 provocó miles de desahucios, que las cláusulas abusivas de las hipotecas endeudaron a muchas familias y que la burbuja posterior en el mercado del alquiler ha provocado que los precios de los arrendamientos hayan subido hasta un 50% entre 2015 y 2020. Esta situación, ha señalado, ha beneficiado a fondos de inversión y grandes propietarios mientras que ha comprometido la economía de una gran mayoría de las familias, que tienen que destinar buena parte de sus ingresos al alquiler o a las hipotecas.

"Por eso era hora de reequilibrar esa balanza, y por eso esta ley protege a los inquilinos, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y al mismo tiempo exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda", ha afirmado.

La ley no invade competencias autonómicas

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha expresado el "respeto absoluto" del Ejecutivo al informe preceptivo y no vinculante emitido el viernes pasado por el Consejo General Judicial, sobre el que ha hecho algunas consideraciones.

El Gobierno entiende que el ámbito del informe debe circunscribirse a los tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la nueva ley de vivienda. El Ejecutivo, ha añadido Raquel Sánchez, mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en la materia en aras a conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables no invade ninguna competencia autonómica.

Además, el proyecto de ley reconoce la capacidad y ofrece instrumentos a las administraciones territoriales competentes para que aprueben y complementen las medidas que estimen necesarias para hacer efectivo el derecho básico a la vivienda.

Responsabilidad de los partidos políticos

Ambas ministras han apelado a la responsabilidad de los distintos partidos políticos para que se apruebe esta iniciativa legal, que no va en contra de nadie y favorece al interés general. Además, las dos han agradecido el trabajo realizado por el conjunto de los ministerios que han participado en la elaboración de la norma.

Raquel Sánchez ha insistido en que es una ley histórica como las leyes de matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia o la dependencia.

Ione Belarra ha reconocido "el trabajo generoso, el empuje y compromiso" del movimiento social por la vivienda digna en defensa de un derecho de todos, como es el derecho constitucional a la vivienda.

Principales aspectos de la ley

Raquel Sánchez durante su intervención

Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

Una de las medidas más destacadas es la relativa al parque público de vivienda social. Raquel Sánchez ha explicado que se somete a protección permanente "para que no pueda ser enajenado, como sucedió en el pasado". Por su parte, Belarra ha valorado que se imponga una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30% el 15% tenga que ir a alquiler social, de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos. En Francia, ha puesto como ejemplo, hay siete veces más vivienda social que en España, y en Países Bajos su número se multiplica por doce respecto a nuestro país.

La ley mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Raquel Sánchez ha destacado que, a partir de ahora, los servicios sociales se coordinarán de manera más eficaz con los jueces para poder ofrecer soluciones habitacionales a los afectados. Belarra ha incidido en que la ley garantizará que la alternativa habitacional que se busque para estas familias sea una vivienda como tal, y no un albergue, como ahora mismo está sucediendo en algunas comunidades autónomas.

Raquel Sánchez ha explicado que las Administraciones competentes podrán declarar por tiempo limitado zonas de mercado residencial tensionado y establecer medidas para impedir incrementos abusivos de la renta y conseguir una bajada de precios, ya sea reduciendo el coste del alquiler o aumentando la oferta. En estas zonas, Ione Belarra ha añadido que los incentivos fiscales previstos están diseñados para que sea más provechoso para los propietarios bajar los precios del alquiler.

Respecto a las viviendas vacías, la ley contempla que los ayuntamientos puedan hacer un recargo de hasta el 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que las grava. Belarra ha señalado que el Gobierno considera "poco ético" que haya viviendas vacías cuando tantas personas necesitan una, por lo que es necesario conseguir que entren en el mercado de alquiler o venta.

Crítica a la llei d'habitatge, segons el Sindicat de Llogateres.

Comunicado de la Iniciativa Ley Vivienda frente a la aprobación de la Ley

Hoy, 27 de abril, ante la aprobación de la nueva Ley, el Movimiento por la Vivienda hemos hecho una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados.

Desde el movimiento de Vivienda y otros muchos colectivos, hemos peleado durante años a pie de calle para tener una ley que garantizase el Derecho a la Vivienda en todo el país. La primera Ley por el Derecho a la Vivienda que se aprueba hoy no es esa Ley, ya que la vivienda seguirá funcionando como un bien de mercado con el que especular, en lugar de garantizarse como un derecho al alcance de todas las personas.

Frente a las necesidades reales y urgentes de la gente, se han impuesto las presiones del periodo electoral, así como las de los fondos de inversión y las patronales inmobiliarias, y el resultado es una Ley que no ofrece una alternativa a los desahucios, ni garantiza alquileres asequibles, ni asegura la protección de un techo a las personas sin hogar, y cuyas medidas más destacables consisten en ventajas fiscales para los propietarios y una regulación de alquileres llena de carencias que difícilmente tendrá el efecto de bajar de forma efectiva los precios de los mismos. No se tienen en cuenta ni la subida de tipos de interés, ni las elevadísimas cifras de demandantes de vivienda.

Tras años de presión y esfuerzo, el 30 de septiembre de 2021, y avalado por 9 formaciones políticas del Congreso, nuestra iniciativa logró registrar nuestro propio texto de ley que sí garantizaba el ejercicio del derecho a la vivienda, y cuya toma en consideración fue rápidamente rechazada por el PSOE.

Hoy, fruto de esa potente lucha, se da un paso adelante y las Administraciones empiezan a reconocen el valor social de la vivienda. Pero, por desgracia, el derecho a la misma sigue sin estar garantizado. Por eso, somos realistas al reconocer que el paso es ínfimamente más corto de lo que podía y debía haber sido, y de lo que terminará siendo. Por eso, y mucho más, tenemos claro que nuestra lucha no acaba aquí y será aun más fuerte a partir de ahora. Es el movimiento de vivienda lo que nos ha traído hasta este día, y es el movimiento de vivienda el que seguirá conquistando derechos aparte de defender los que ya hemos ido ganando.

A continuación, vamos a detallar 5 aspectos concretos de la ley que nos preocupan especialmente:

1. Derecho a la Vivienda

El Gobierno y sus socios han ignorado el reciente informe de los relatores de Naciones Unidas de Vivienda y Pobreza Extrema sobre el Proyecto de Ley (OL ESP 1/2023) , que señalaba que “El proyecto de ley no consagra el derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano de todas las personas» y que “consagrar un derecho en la legislación nacional solo tiene un valor limitado si las personas no tienen acceso a la justicia y recursos efectivos cuando pueden ser denegados o violados» . La ley no ha incluido ninguna posibilidad de recursos administrativos ni judiciales para su cumplimiento, por lo que el ejercicio del Derecho no queda realmente protegido. Cualquiera puede recibir una demanda para desahucio, pero nadie puede demandar al Poder Público que corresponda para que le facilite una vivienda.

2. Desahucios

También en este aspecto se ignoran las principales demandas de nuestras organizaciones y el Informe de Naciones Unidas. Únicamente se incluyen medidas que alargarán los procedimientos judiciales, pero no se garantiza la alternativa habitacional para las personas vulnerables víctimas de desahucios. Desde la Iniciativa, pedimos la inclusión de la obligación a grandes tenedores, de ofrecer alquiler social a personas vulnerables, pero el Gobierno y sus socios no lo han querido tener en cuenta. En los años 21 y 22, a pesar del escudo social, se han ejecutado 79.628 desahucios. Nos preocupan enormemente los más de 56.000 procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran en curso en los juzgados y que pueden acabar en desahucios.

Tampoco la ley tiene en cuenta que, para que una vivienda pueda tener la consideración de “digna y adecuada” ha de tener garantizado el acceso a los suministros básicos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.

3. Alquileres

En la regulación pactada se plantea un enfoque que propone congelar precios a nivel general y obligar a bajar precios en el caso de los grandes tenedores. Esto no es tan solo un retroceso respecto a lo que se había ganado con la Ley de Regulación catalana, una ley efectiva y de aplicación universal que obligaba a contener y bajar precios para todos los alquileres sin importar el tipo de tenedor, sino que tampoco es un medida de la cual se va a poder beneficiar todo el conjunto de la población. El Gobierno hoy ha fallado en su labor de garantizar el acceso a un alquiler asequible y estable para toda la población.

Además, la regulación de alquileres aprobada en la ley tiene serios defectos que desvirtúan su intención y la hacen inefectiva: está llena de agujeros puestos intencionalmente por los partidos para proteger los intereses de la patronal inmobiliaria y permitir que los arrendadores puedan continuar subiendo los precios del alquiler. En primer lugar, la regulación en las áreas tensionadas deja fuera a los alquileres turísticos y de temporada, por lo que los arrendadores que quieran saltarse la ley podrán desviar la oferta de alquiler residencial a alquiler de temporada sin ninguna sanción, tensionando todavía más el mercado. En segundo lugar, en las viviendas con precio regulado, lejos de asegurar la congelación de los precios respecto al contrato anterior, se podrán hacer subidas encubiertas de hasta el 10% alegando simples mejoras en la accesibilidad o incorporando nuevos gastos como el IBI. Por último, deben sumarse las subidas interanuales vinculadas a la inflación, que están permitidas hasta el 2% y el 3% respectivamente durante los dos próximos años y que no garantiza ningún otro límite a partir del 2025, a pesar de que ya estamos en máximos históricos en cuanto al precio de vivienda en ciudades como Madrid y Barcelona.

Sin embargo, aunque sean insuficientes, hay ciertos avances que reconocemos como victorias de nuestra lucha y organización. El más significativo es que se ha puesto fin a la estafa de las inmobiliarias: los inquilinos ya no deberán pagar unos honorarios injustos, puesto que la ley reconoce que las inmobiliarias no son meras intermediarias sino que trabajan para los rentistas y en contra de los intereses de los inquilinos, garantizando altos rendimientos de sus activos inmobiliarios. Los honorarios suponían no solamente un robo sino una barrera muy importante de acceso a la vivienda para muchas personas de la que por fin nos logramos librar gracias a la lucha colectiva. Asimismo hemos presionado para bajar el criterio de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles, en aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidan. Todas las obligaciones que, a partir de este momento, se establezcan sobre los grandes tenedores, afectarán a un número mayor de rentistas y, por lo tanto, también beneficiarán a un mayor número de inquilinos.

4. Parque Público

Aunque saludamos las promesas dirigidas a corresponsabilizar a las Administraciones en el acceso a la vivienda, y que rompen con las terribles políticas de derechas que nos han dejado en esta situación, tenemos que decir que el Proyecto de Ley carece de una elemental planificación del Parque Público y de la correspondiente memoria económica. Este vacío es respondido parcialmente por el presidente Sánchez con un anuncio de 113.000 viviendas (50.000 Sareb + 43.000 fondos europeos + 20.000 en suelos de Defensa y a través de SEPES.

En todo caso, el exiguo parque público actual, del 1,6% de las viviendas principales, exige la construcción de 1.391.783 viviendas si se quiere llegar a la media europea del 9,3% de viviendas principales, según datos del Eurostar recogidos por el Observatorio de la Vivienda del Ministerio de Transportes. Además, se debe prever, de las viviendas que figuran como públicas, la parte que está pendiente de pasar a manos de sus propietarios porque se fijaron hace años en régimen de venta.

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda a todo el Estado, hemos pedido en nuestras aportaciones que los municipios con demanda residencial acreditada superior a la media del Estado deben disponer, en el plazo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de viviendas principales existentes.

Por otra parte, el parque público, a pesar de las recientes promesas, no va a permitir dar ya alternativa habitacional ante los desahucios y enfrentar la enorme emergencia habitacional:

  • De hecho, las 43.000 viviendas de fondos europeos financiadas con el ICO y las 15.000 en suelos de la SAREB han de ser construidas y sólo podrán ser útiles en 5/10 año, al igual las ultimas 20.000 anunciadas.
  • Por otra parte, las 14.000 viviendas de la SAREB en las que viven ahora, servirán (y es muy importante) para no aumentar la emergencia de las mismas, debiéndose firmar con gran urgencia contratos de alquiler pendientes, retirar procedimientos judiciales injustos, encontrar alternativas a impagos y regularizar de ocupaciones de buena fe.
  • Pero de las 21.000 de venta a CCAA y Ayuntamientos, solo se va a disponer de la mitad si se mantiene la proporcionalidad utilizada en diferentes CCAA (unas inhabitables, otras en zonas sin demanda o con una rehabilitación muy cara). Además, es una quimera y un sinsentido pretender que se endeuden más las CCAA y Aytos al obligar a recomprarnos nuestras propias viviendas, las de peor salida mercantil, cuya deuda de 35.000 millones está ya avalada con dinero público. Nos preocupa que la gestión del proceso esté en manos de grandes fondos de capital riesgo, Blackstone (Aliseda/Anticipa) y KKR (Hipoges) y de Lone Star (Servihabitat). También que no se hayan ofrecido las mejores viviendas que tiene la SAREB (las 4+17000 previstas de Arqura Homes, destinadas a hacer caja.

En definitiva, hace falta una medida complementaria necesaria: el Alquiler Social Obligatorio para GT aplicada con éxito en Cataluña para poder enfrentar la emergencia habitacional y los desahucios, y vanzar en los siguientes aspectos:

  • La cesión obligatoria de las viviendas vacías de la banca rescatada deudora de préstamos y avales públicos; y programas con propietarios particulares para promover la cesión a aytos dando garantías.
  • El aumento de suelo para reserva de viviendas de protección social (del 40% al 50% de la edificabilidad en nueva urbanización y el 50% en el suelo urbanizado para actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
  • Extender y profundizar el derecho de tanteo y retracto, ya publicado en algunas Comunidades Autónomas, como la Valenciana.
  • No se incluyen otras medidas necesarias y urgentes para que no aumente la emergencia habitacional ni a corto plazo (ASO frente no renovación de miles contratos por los fondos; créditos blandos/quitas/.. ante demandas hipotecarias presentadas -sólo entre 2021 y 2022 hay 52.826-; intervención ante subidas del interés variable en hipotecas de 4 millones de familia; la falta de regularización adecuada de ocupaciones y de previsión ante el fin moratoria 1505-24 a miles de familias…), ni a medio plazo (Responsabilidad limitada, inembargabilidad vivienda habitual, segunda oportunidad también para avalistas…)

5. Sin hogarismo

Tal y como aseveran los relatores de Naciones Unidas en su informe «la falta de respuesta por parte del Estado a las solicitudes de asistencia para superar la exposición a la falta de vivienda y a condiciones de vida inhumanas puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano, en violación del artículo 7 del PIDCP y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derech90os Humanos» (sic). La Ley no prevé ningún derecho efectivo para las personas en situación de calle, lo que «viola la obligación fundamental del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de «garantizar la satisfacción de, al menos, los niveles mínimos esenciales» (sic). El sinhogarismo supone un peligro especialmente grave para los derechos a la vida, a la salud y la integridad física y a la seguridad de la persona, derechos Fundamentales de nuestra Constitución que continúan sin protección con esta Ley.

Si hoy hay Ley de Vivienda es gracias al esfuerzo titánico de miles de personas que han puesto su corazón y su cuerpo desobedeciendo leyes injustas para proteger a sus vecinas y vecinos del terror de los desahucios y los alquileres abusivos. Aunque sabíamos que no era la solución última al enorme problema al que nos enfrenamos, confiábamos en que esta Ley supusiera un gran avance en el camino hacia el derecho universal a la vivienda, acabando con el sufrimiento y la angustia de las personas en situación de precariedad habitacional. Lamentablemente no es así.

A horas de su aprobación, hamos un llamamiento a los partidos del Bloque de Investidura a introducir en esta fase final de la tramitación las medidas necesarias para que el derecho a la vivienda se haga efectivo y su protección quede garantizada jurídicamente.

Pero, lo más importante, es que haya ley o no haya ley, nuestros colectivos y organizaciones seguirán al frente de la lucha por el derecho a la vivienda. Por un lado, presionaremos sin cesar para que se apliquen las pequeñas medidas útiles que recoge la ley de hoy. Por otro, y mucho más importante, seguiremos organizando a la población, a la clase trabajadora, a la sociedad civil para defender algo que nunca se debería haber puesto en duda: que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna en la que construir un proyecto de vida estable, sea quien sea y viva donde viva.

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El pacte anunciat permet pujades encobertes, obre la porta al frau dels contractes de temporada i no posa solucions reals a la crisi de l’habitatge.

El pacte de Llei d’Habitatge anunciat per PSOE, ERC i EH BILDU proposa una regulació dels lloguers farsa. Lluny d’abaixar els preus, la imprecisió de la proposta permetria tot el contrari, és a dir, que els preus continuessin augmentant a un ritme elevat i asfixiant a la població. És imprescindible corregir aquests forats perquè la Llei contingui una regulació de preus de veritat i, per reclamar-ho, aquest dissabte 15 d’abril hi ha convocada una manifestació a Sitges.

L’esborrany pactat permetria apujar el lloguer de manera substancial, fins i tot en els habitatges situats en àrees ‘tensionades’:

  • Primer, es podria esquivar la regulació molt fàcilment. S’anuncia que el preu del nou contracte no pot superar al de l’anterior, però la realitat és que és molt fàcil esquivar la norma. Tal com està plantejada, es podria apujar el preu fent-lo passar com a despeses d’IBI. També seria molt fàcil ocultar informació sobre el preu i les condicions del contracte anterior.

Així, amb aquesta proposta, es crearia un incentiu perillós: expulsar el llogater actual per a poder apujar el preu sense límit a un nou llogater, que tindrà molt difícil comprovar quin era el preu de l’anterior contracte i si incloïa despeses addicionals o no.

  • Segon, també es podria apujar el preu un 10% addicional al·legant reformes. En el cas d’un lloguer mitjà a Barcelona o Madrid, qualsevol canvi presentat com una millora de l’accessibilitat, per petita que sigui, com una rampa o un vídeointèrfon, implicaria una pujada addicional de 1.300€ anuals.
  • Tercer, a tot això també es podrien afegir les pujades interanuals vinculades a la inflació. Entre 2023 i 2024 hi hauria limitacions, però es podrien fer pujades graduals, i es deixa la porta oberta al fet que dins de dos anys puguin tornar a fer-se pujades totalment desproporcionades vinculades a l’IPC.
  • Quart, amb aquesta llei, els arrendadors podrien fer pujades sense cap mena de límit recorrent a la figura del lloguer de temporada. Dit d’una altra manera: l’arrendador que vulgui saltar-se la regulació només ha de posar el seu pis de lloguer de temporada, com ja està passant ara mateix.
  • A més, les mesures proposades no serien efectives sense un règim sancionador i un reconeixement dels Sindicats, a banda que no són cap solució per als milers de persones que esperen un desnonament.

En definitiva, la regulació avui anunciada no és la que els sindicats i la immensa majoria de la població estan demanant, sobretot quan 3 de cada 4 ciutadans estan a favor de la regulació.

La feina del Sindicat de Llogateres ha permès que s’incloguin algunes mesures de sentit comú, com que el pagament de les despeses d’agència vagi a càrrec dels arrendadors (que són els qui demanen i reben el servei). Ara, és necessari que els partits polítics del govern i de l’oposició escoltin: encara hi ha temps per a corregir els errors i fer una regulació efectiva dels lloguers.

En un context en el qual viure de lloguer suposa pagar preus desmesurats i patir abusos continus per part de rendistes i immobiliàries i davant una llei que no preveu solucionar aquesta situació, aquest dissabte 15 d’abril sortim al carrer. Les organitzacions llogateres convoquem una manifestació per reclamar una regulació efectiva dels lloguers i la fi de l’especulació amb un dret bàsic com és l’habitatge. La protesta començarà a les 11.30 hores davant l’Estació de Renfe de Sitges, un municipi que ha estat escenari de la part més crua de l’especulació, on La Caixa vol fer fora a les veïnes de les seves llars que, per a més inri, van ser construïdes com a habitatges protegits.

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