Se dice que la City atrae capital de China, de EEUU y de Europa, pero ¿de qué tipo de inversión se trata? Inmobiliaria, bursátil, o también fusiones y adquisiciones. En otras palabras, nada que beneficie a la economía productiva.

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"Con el retroceso del Estado del bienestar y de las prestaciones sociales, los británicos tendrán  que recurrir a los fondos de pensiones para preparar su jubilación, o a préstamos al consumo para asegurar su subsistencia en tiempos difíciles, o pagar a las mútuas por problemas de salud, ....aunque ello implique endeudarse mucho y ya desde muy pronto."

“Los políticos ven a la City como una gallina de los huevos de oro –aclara el experto en finanzas británicas John Christensen–, pero ya va siendo hora de acabar con esa retórica”. Porque lo que mayormente ejerce la plaza financiera es una forma de parasitismo: “Se dice que la City permite atraer capital de China, Estados Unidos y Europa e invertirlo en el Reino Unido, pero ¿de qué tipo de inversión se trata? Inmobiliaria, bursátil o también fusiones y adquisiciones. En otras palabras, nada que beneficie a la economía productiva”.

En la década de 1980 se desregularizó radicalmente el sector financiero bajo el mandato de Margaret Thatcher. Fue el “big bang” de 1986, que anuló las normas centenarias que regían la Bolsa de Londres, introdujo un sistema de cotización electrónica continua y abrió el mercado bursátil a los grandes bancos. Las instituciones financieras estadounidenses, japonesas y europeas irrumpieron masivamente en el centro financiero británico para aprovechar este nuevo marco propicio al desarrollo de actividades financieras desenfrenadas. La City recuperó así un papel protagonista. Hoy contribuye a hacer del Reino Unido el primer exportador mundial de servicios financieros, con un superávit comercial en este sector de más de 60.000 millones de libras (69.000 millones de euros) en 2020.

El 20 de julio de 2022 el gobierno británico presentó una nueva ley con el objetivo de crear un “big bang 2.0” para el sector financiero londinense. Uno de sus artífices, el actual primer ministro Rishi Sunak, entonces chancellor of the Exchequer (ministro de Hacienda), ya declaró en mayo de 2022 la necesidad de “reducir esta carga reguladora”. Un programa que contemplaba la introducción de un nuevo requisito para que los reguladores promovieran la “competitividad internacional” de los servicios financieros. En diciembre de 2022, el nuevo ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, reafirmó esta orientación al anunciar una serie de reformas destinadas a deshacer la normativa prudencial adoptada tras la crisis de 2008. 

Hoy, la City parece más capaz que nunca de imponer sus puntos de vista a las fuerzas políticas, incluido el Partido Laborista liderado por Keir Starmer. “Con Jeremy Corbyn demostramos que denunciar el poder de las finanzas era un planteamiento posible y popular –argumenta James Schneider, miembro del ala izquierda laborista–, pero la actual dirección del partido ha dado la espalda a cualquier crítica a la City”. Invitada a la conferencia anual de TheCityUK de 2022, la diputada laborista a cargo de temas económicos Rachel Reeves recitó un lenitivo discurso de lobista: “El Reino Unido debería estar increí­blemente orgulloso del éxito internacional de su industria de servicios financieros, primera exportadora mundial del sector...”.

Pero los cimientos del modelo de crecimiento financiarizado que promueve la City pronto podrían tambalearse. Este depende de la afluencia de capitales globales que alimenten la inversión en actividades no productivas (inmobiliarias, mercados financieros) y generen consumo suntuario... o a crédito. El caso es que las recientes crisis bien podrían contribuir al derrumbe de este castillo de naipes. El disparado encarecimiento de los precios de la energía, la inflación en general y la subida de los tipos de ­interés iniciada por los bancos centrales han provocado una fuga de capitales hacia “lo seguro”, es decir, hacia los valores estadounidenses. Este cambio de tornas podría secar la fuente de liquidez a bajo coste que viene nutriendo las finanzas mundiales desde hace tiempo. La repentina quiebra de Silicon Valley Bank y el rescate de Crédit Suisse son prueba de la extrema febrilidad del sector, pero también de las consecuencias explosivas del desmantelamiento de las normas prudenciales en nombre de la competitividad. En este contexto, programar una nueva ola de desregulación financiera –como está haciendo el Gobierno de Sunak con su proyecto de “big bang 2.0”– es como jugar con cerillas sentado en un barril de pólvora.

Para Marieke Beck, estudiosa de la City en el King’s College de Londres, el problema reside en cómo han arraigado los intereses de las finanzas dentro de la sociedad, alimentando así su “poder estructural”. Desde el declive de la aristocracia terrateniente en el siglo XIX, las finanzas han dominado a las demás fracciones de la clase dominante, en particular a los partidarios del capitalismo industrial, gracias sobre todo a sus relaciones institucionales en el Banco de Inglaterra o el Tesoro . Con el retroceso del Estado del bienestar y de las prestaciones sociales, los británicos tienen que recurrir a los fondos de pensiones para preparar su jubilación, o a préstamos al consumo para asegurar su subsistencia en tiempos difíciles. Aunque ello implique endeudarse mucho y ya desde muy pronto. Así pues, gran parte de la población está vinculada al sector financiero, sea por fuerza o por elección propia.

Frédéric Lemaire. Economista, miembro del Consejo Científico de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC).

En la obra "Trabajo, consumismo y nuevos pobres",  Zygmunt Bauman recoge los resultados de un Informe sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas, que revela que los pobres británicos son más pobres que los de cualquier otro país occidental u occidentalizado.

La Gran Bretaña posterior a Thatcher -aclamada como el "éxito económico" más asombroso del mundo occidental, dirigida por la más ferviente precursora y defensora de aquellos "factores de crecimiento"- es también el país que ostenta la pobreza más abyecta entre las naciones ricas del globo.

En un Informe sobre el Desarrollo de las Naciones Unidas, revela que los pobres británicos son más pobres que los de cualquier otro país occidental u occidentalizado. En Gran Bretaña, alrededor de una cuarta parte de los ancianos viven en la pobreza, lo que equivale a cinco veces más que en Italia, "acosada por problemas económicos", y tres veces más que en la "atrasada" Irlanda. Un quinto de los niños británicos sufren pobreza: el doble que en Taiwán o en Italia, y seis veces más que en Finlandia. En total, "la proporción de gente que padece pobreza de ingresos creció aproximadamente un 60% bajo el gobierno de la Sra. Thatcher.

El concepto de "Estado de bienestar" encierra la idea de que, entre las obligaciones del Estado, está la de garantizar a toda la población una situación de "bienestar"; y esto implica algo más que la simple superviviencia: es una supervivencia con dignidad, entendida tal como la concibe cada sociedad en su propia época. Para las instituciones administradas y financiadas por el Estado, el concepto impone la responsabilidad más amplia de atender el bienestar público, es decir, garantizar colectivamente la supervivencia digna de todos los individuos. Ese bienestar podía ser considerado como una forma de seguro colectivo contratada en conjunto, que cubría individualmente a todos los miembros de la comunidad; esto es, una póliza de seguro que promete compensaciones proporcionales a las necesidades individuales, no al monto de las cuotas pagadas por cada uno. El principo de bienestar público, en su forma más pura, supone la igualdad ante la necesidad, equilibrando las desigualdades existentes en cuanto a capacidad de pago. Y el Estado del bienestar delega en sus organismos dependientes la responsabilidad de poner en práctica ese principio.

Hasta hace bastante poco tiempo, la opinión ilustrada compartía al pie de la letra que las prestaciones administradas desde el Estado eran como un ingrediente natural de la vida moderna, tan normal como las autoridades que se elegían periódicamente, o como la moneda oficial de cada país.

Incluso los más atentos y agudos observadores tenían dificultades para imaginar una sociedad moderna que no estuviera administrada por un Estado del bienestar. En febrero de 1980, en un trabajo presentado en Perugia y publicado en octubre del año siguiente, uno de los más sagaces analistas de las tendencias contemporáneas, Claus Offe, aseguraba que el Estado del bienestar, en cierto sentido, se había convertido en "una estructura irreversible, cuya abolición exigiría nada menos que la abolición de la democracia política y de los sindicatos, así como cambios fundamentales en el sistema de partidos."

Claus Offe explicaba que "sin una política de subsidios a la vivienda en gran escala, ni educación pública, servicios sanitarios y seguridad social obligatoria, el funcionamiento de una economía industrial sería sencillamente inconcebible...El desconcertante secreto del Estado del bienestar es que, si su impacto sobre la acumulación capitalista puede resultar destructivo ...su abolición sería sencillamente paralizante....La contradicción es que el capitalismo no puede existir ni con i sin el Estado de bienestar."

Todo esto resultaba convincente cuando Offe lo escribió, explica Zygmunt Bauman: Por esos años, las ideas de abolir o incluso restringir las atribuciones del Estado del bienestar, de entregar los seguros colectivos a la iniciativa privada, de "desestatilizar", "privatizar" o "desregular" las prestaciones sociales, parecían fantasías imaginadas por algún fósil ideológico. Menos de dos décadas más tarde, sin embargo, lo impensable pasó a la orden del día, y un Estado para nada benefactor, así como una economía capitalista sin la red de seguridad que significan las garantías establecidas por los gobiernos, se ven como alternativas viables y en camino de transformarse en realidad en todas las sociedades ricas y "económicamente exitosas". En la actualidad, las presiones para lograr que tales situaciones se concreten resultan abrumadoras.

Hoy -después de años de martilleo mental a cargo de Margaret Thatcher, Norman Tebbit o Keith Joseph, y tras el golpe de estado neoliberal de Milton Friedman o Friedrich Hayek- es difícil para muchos pensar en sir William Beveridge (si no el padre, al menos el partero del Estado de bienestar británico) y su Informe sobre la Seguridad Social y sus servicios relacionados. En este informe propone:

"...un plan de Seguridad Social para garantizar que cada ciudadano del país, con tal de que trabaje y contribuya en lo que pueda, reciba un ingreso que lo mantenga a cubierto de necesidades cuando por cualquier razón -enfermedad, accidente, desempleo o vejez- se vea imposibilitado de trabajar y ganar lo necesario para su subsistencia honrosa y la de quienes de él dependan. Seguirá recibiendo ese ingreso aunque carezca de bienes y, si posee alguno, la renta no le será reducida por ninguna investigación de ingresos..."

Estuviera o no acotado por presiones contrapuestas, el éxito inicial del Estado del bienestar habría sido inconcebible en una sociedad dominada por el capital si no hubieran existido coincidencias profundas entre los seguros públicos propuestos y las necesidades de la economía capitalista. Entre sus numerosas funciones, el Estado del bienestar vino a cumplir un papel de fundamental importancia en la actualización y el mejoramiento de la mano de obra como mercancía: al asegurar una educación de buena calidad, un servicio de salud apropiado, viviendas dignas y una alimentación sana para los hijos de las familias pobres, brindaba a la industria capitalista un suministro constante de mano de obra calificada (algo que ninguna empresa o grupo de empresas podría haber garantizado sin ayuda externa). Y puesto que la reproducción del modo capitalista de producción depende de la renovación constante de su mano de obra, los futuros trabajadores deben preparse como "mercancías" que los eventuales empleadores estén dispuestos a comprar. Pero estos no podrían ni querrían hacerlo si se les ofreciera un producto inferior. El Estado del bienestar, por lo tanto, se dedicó a formar un  "ejército de reserva", es decir, nuevas camadas de trabajadores siempre dispuestos a entrar en servicio activo, educados y mantenidos en condiciones adecuadas hasta el momento de ser llamados a la fábrica.

Pero ahora la perspectiva de que los empleadores necesitan regularmente los servicios de ese ejército de reserva, formado y mantenido por el Estado, son cada vez más remotas. Es muy posible que la mano de obra actualmente desocupada nunca más vuelva a ser considerada como mercancía, y no tanto porque su calidad se haya reducido sino, sobre todo, porque desapareció la demanda. La única demanda que puede surgir hoy (pedidos de trabajadores ocasionales, part-time y "flexibles", y, por tanto, no demasiado preparados o especializados) dejará de lado, seguramente, aquella fuerza laboral educada, sana y segura que se cultivaba en los mejores tiempos del Estado de bienestar. Incluso las cantidades realtivamente pequeñas de aquella antigua mano de obra especializada, que algunos sectores de las industria moderna podrían seguir necesitando, son buscados y encontrados más allá de las fronteras de cada país, gracias a la irrestricta libertad de movimientos de que hoy disponen las finanzas y a la tan ponderada flexibilidad de la empresa moderna. Un reciente comentario de Martin Woollacott define bien la tendencia:

" El consorcio suizo-sueco Asea Brown Boveri anunció que reduciría su personal en Europa occidental en unas 57.000 personas, al tiempo que crearía nuevos puestos de trabajo en Asia. Le siguió Electrolux, con la noticia de que su plantilla en todo el mundo disminuirá en un 11%, con la mayoría de los recortes en América del Norte y Europa. Pilkington Glass prevé también reducciones importantes. En sólo diez días, tres firmas europeas clausuraron puestos de trabajo en un volumen comparable a las cifras propuestas por los nuevos gobiernos de Francia y Gran Bretaña para crear empleos...Es notable que Alemania haya perdido un millón de trabajadores en cinco años, mientras sus compañías están dedicadas a levantar nuevas plantas industriales en Europa orienta, Asia y América latina. Si la industria de Europa occidental se está mudando en bloque, todos los argumentos sobre la manera de enfrentar el desempleo desde los gobiernos deben ser considerados de importancia limitada."

Parábola de los talentos según la cual: «al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado» (Mateo 25: 29)

El ataque frontal al Estado de bienestar en el reino de España.

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De la crisis del empleo al desmantelamiento del Estado de bienestar

RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO.

Rafael Muñoz de Bustillo es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca.

Muchas son las cosas que han cambiado en la sociedad española desde que la crisis financiera hiciera añicos el sueño de nuevos ricos de los primeros años del siglo XXI. El autor centra su análisis en dos de los aspectos que pueden tener una mayor incidencia sobre el futuro de la sociedad española. Junto a la enorme destrucción de empleo y el brutal crecimiento del desempleo correspondiente, probablemente el segundo factor que más incidencia va a tener en la transformación (en negativo) de la sociedad española en el futuro más próximo sea el ataque al que se está sometiendo al escasamente desarrollado y tardío Estado de bienestar.

Junto a la enorme destrucción de empleo y el brutal crecimiento del desempleo correspondiente, probablemente uno de los factores que más incidencia va a tener en la transformación (en negativo) de la sociedad española en el futuro más próximo sea el ataque al que se está sometiendo al escasamente desarrollado y tardío Estado de Bienestar. Tanto el enorme desempleo como la pérdida del escaso Estado de Bienestar de nuestro país están fuertemente interconectados, ya que, al menos desde mediados de 2010, el aumento del desempleo y la destrucción de empleo son en grandísima parte resultado de la política de consolidación fiscal y reducción del déficit público que supuso la vuelta a la recesión cuando, gracias a la política contracíclica aplicada hasta el momento, España (y Europa) habían sido capaces de poner de nuevo en marcha a la economía.

En la actualidad España, con un índice de Gini de desigualdad de la renta de 0,34 (en una escala que va del 0 al 1) es tras Letonia, Bulgaria y Portugal el país de la UE con mayor desigualdad de renta. La práctica exclusión de la población joven del mundo laboral. Con una tasa de desempleo juvenil del 57% a comienzos de 2013, la segunda más elevada de la UE después de Grecia, aquella parte, por fortuna no mayoritaria, de la población joven que no está en proceso de formación y cursando estudios, cuenta con escasas oportunidades de empleo. 

Entre los efectos indirectos del desempleo destacan las sucesivas reformas laborales realizadas tras el inicio de la crisis, con Gobiernos de distinto signo y distinta intensidad, pero compartiendo un mismo diagnóstico. De forma sucinta, desde la perspectiva de las reformas laborales aprobadas, el problema del desempleo en España está asociado a la existencia de una legislación laboral sobreprotectora de los trabajadores que da lugar a un mercado rígido y con insuficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en la economía. Independientemente de que, como hemos visto en el cuadro 1, lo que caracteriza al mercado de trabajo español es justo lo contrario, su alta flexibilidad que permite crear y destruir empleo muy rápidamente, las últimas reformas, tanto al eliminar la ultra-actividad de los convenios, como al dar prioridad a los convenios de empresa y facilitar la denuncia unilateral de éstos y el cambio de condiciones de trabajo por parte de las empresas, junto la reducción de los costes de despido al facilitar la consideración de despido procedente en circunstancias que antes no habrían entrado en este supuesto y por lo tanto habría estado sujeta a una mayor indemnización, han alterado de forma radical el equilibrio de poder entre empresa y trabajadores a favor de la primera. Ello, junto con la pérdida de poder de los trabajadores que supone tener un desempleo masivo (el ejército de reserva del que hablara Karl Marx) y el deterioro del poder sindical, objeto también de una feroz campaña denigratoria, ha dado lugar a un escenario en el que los trabajadores tienen cada vez más problemas para mantener sus condiciones laborales y salariales, como demuestra la pérdida de peso de la masa salarial en el conjunto de las rentas generadas.

Las actuaciones sobre los principales programas del Estado de bienestar  tienen en común una reducción muy significativa del empleo público, cercana a los cuatrocientos mil puestos de trabajo, convirtiendo al sector público en uno de los sectores que más ha contribuido a la destrucción de empleo en el último año.

Pues bien, partiendo de un Estado de Bienestar moderado en términos de gastos y poco ambicioso en términos de programas, el ajuste fiscal y los recortes de gasto público en los que se ha materializado éste han puesto en marcha una dinámica que bien pudiera afectar a la propia naturaleza del Estado de Bienestar tal y como lo conocemos en la actualidad. Las actuaciones sobre los principales programas del Estado de bienestar  tienen en común una reducción muy significativa del empleo público, cercana a los cuatrocientos mil puestos de trabajo, convirtiendo al sector público en uno de los sectores que más ha contribuido a la destrucción de empleo en el último año.

Asumiendo que el empleo público no es una finalidad en sí misma, y que por lo tanto puede tener sentido proceder a ajustar las plantillas de empleo a las necesidades de la Administración, es importante preguntarnos, como punto de partida, si España destaca por tener un alto nivel de empleo público comparado con los países de nuestro entorno. La respuesta es un rotundo no. De acuerdo con los datos comparativos de empleo público suministrados por la OCDE, España tiene un nivel de empleo público muy inferior a otros países europeos, próximo, pero por debajo, de la media de la OCDE. Como ejemplo, mientras que en 2008 en Noruega o Dinamarca el empleo público según la definición de la OCDE prácticamente alcanzaba el 30%, en España era ligeramente superior al 12%, por debajo incluso de EEUU.

Eso significa que, en términos globales es difícil pensar que una reducción de empleo como la señalada más arriba pueda efectuarse sin que repercuta en la calidad y cantidad de los servicios públicos. La reducción del gasto público, que se ha convertido en la única guía de la política económica desde mayo de 2010, especialmente del gasto público social que suponía al comienzo de la crisis, incluyendo educación, la cuarta parte del PIB, tiene dos efectos sobre el bienestar claramente negativos.

El primero de ellos, al que se ha aludido más arriba, es de naturaleza macroeconómica. Al reducirse el gasto público en un contexto de caída de la demanda privada, tanto por la reducción del consumo fruto del aumento del desempleo y la caída de renta como por el hundimiento de la inversión (con una caída del 32% entre 2008 y 2012), el ajuste fiscal profundiza la intensidad de la crisis. De hecho, el cambio de rumbo de la política fiscal en 2010 es el responsable del cambio de trayectoria de la economía Española en 2011 y de la segunda entrada en recesión.

La fundamentación teórica de la política de consolidación fiscal alentada por las autoridades europeas y aplicada en España desde 2010 se basaba en la conocida como hipótesis de austeridad expansiva que defiende que bajo determinados supuestos el ajuste fiscal podía poner en marcha, por distintas vías, entre ellas por el aumento de la “confianza” en el país, un proceso virtuoso de relanzamiento de la actividad económica que neutralizara los efectos contractivos de la reducción del gasto público.

Este cambio de política dio lugar a una segunda recaída de la economía de la que todavía está intentando salir nuestro país. Puesto que el gasto social y la educación son componentes principales del gasto público, el proceso de consolidación fiscal ha recaído, y probablemente seguirá recayendo de forma muy importante en los principales programas del Estado de Bienestar. Un Estado de Bienestar, es necesario decirlo, que antes de la crisis figuraba entre los menos desarrollados y generosos de la UE  y que en términos de gasto no había aumentado su peso sobre el PIB durante los años del boom, en los que se pusieron en marcha tan solo algunas ligeras mejoras en materia de dependencia o escolaridad de 0-3 años.

Hasta 2013, la reducción del gasto se ha centrado en políticas no monetarias.... lo que se observa es una reducción del gasto en los principales programas de gasto social (sanidad, dependencia y educación), así como un aumento en la parte de los mismos cofinanciada por los usuarios. Aunque hoy tales cambios no supongan una alteración de la naturaleza de las prestaciones, no por ello se puede minusvalorar sus efectos.

El gasto público, tanto en lo que se refiere a sanidad como educación, tiene una gran fuerza niveladora puesto que posibilita el acceso a servicios de sanidad y educación de calidad a toda la población, independientemente de su nivel de renta. Es más, al menos en lo que se refiere a sanidad, cuando consideramos que la salud está normalmente inversamente relacionada con el nivel de renta, de forma que, por múltiples razones, la población económicamente más vulnerable tiene también peor salud, la capacidad redistributiva de los sistemas de salud públicos de calidad se muestra con toda su intensidad.

Solo en países con una salud pública universal de calidad puede la población económicamente vulnerable acceder a una atención sanitaria de calidad, ser igual en el dolor a la población de mayor renta. Este principio todavía no se ha roto en nuestro país salvo en lo que respecta a: los inmigrantes irregulares (alrededor de ochocientos mil según algunas estimaciones) que se habrían vistos desprovisto del acceso al SNS del que disfrutaban hasta 2011; y la reducción presupuestaria, y la correspondiente reducción de personal, que se habría dejado sentir en un aumento de las listas de espera, con la correspondiente pérdida de bienestar para los pacientes pendientes de intervención quirúrgica y sus familias, cierre de servicios de urgencias en zonas rurales, etc.

Lo mismo se puede decir de los recortes en educación, que sin duda tendrán mayor impacto en aquéllos que, por circunstancias personales o familiares, necesitan de un mayor apoyo y seguimiento en su proceso formativo. O del aumento de las tasas universitarias y endurecimiento del acceso a becas, que hará todavía más difícil que la universidad llegue a ser una institución abierta de forma efectiva a todas las clases sociales, haciendo más difícil su acceso a los jóvenes, precisamente en un momento en el que prácticamente no hay alternativas al estudio para la juventud.

Pero los recortes pueden tener efectos indirectos en el medio plazo todavía más negativos para el mantenimiento del Estado de bienestar. En la actualidad las principales políticas de este: salud, pensiones y desempleo cuentan con un alto apoyo ciudadano en todo el mundo y especialmente en España. La inmensa mayoría de la población considera que las actuaciones en estos campos son responsabilidad del Gobierno.

Pero como señala el investigador inglés Peter Taylor-Gooby la crisis puede generar cambios contradictorios en la intensidad de este apoyo, ya que, por un lado, al aumentar la inseguridad es de esperar que aumente el apoyo de la población (y las clases “medias”) a estas políticas protectoras, pero, simultáneamente, los recortes pueden hacer desconfiar a esa misma población de la capacidad futura del Estado de atender sus compromisos, lo que incentivaría respuestas individuales de aquéllos que puedan permitírselo, mediante la contratación de seguros privados o el ahorro. Este comportamiento derivaría con el paso del tiempo en una pérdida de apoyo al Estado de Bienestar por parte de la población de rentas medias, y recordemos, que hasta ahora el masivo apoyo a esta institución ha sido el elemento central que ha impedido su desmantelamiento incluso en aquellos países, como en el Reino Unido de Margaret Thatcher, con ideologías más beligerantes hacia esta institución. 

No hace falta ser economista o científico social para saber cuáles son los resultados sociales de la crisis y su gestión, ya que estos se dejan ver en nuestros pueblos y ciudades en términos de aumento de la pobreza y mayor recurso a organizaciones de apoyo social como Cáritas, la Cruz Roja o los Banco de Alimentos, por parte de segmentos de población que hasta el momento habían sido capaces de resolver de forma privada sus necesidades de subsistencia. En todo caso, el análisis de la información disponible permite concluir que la sociedad española no sólo va a salir de la crisis más pobre, sino que va a ser, y ello es mucho más grave desde mi punto de vista, una sociedad más desigual y con una peor cobertura de las necesidades sociales en materia de pensiones, salud, educación o dependencia. Como se ha señalado, la crisis ha dado al traste con las pequeñas mejoras en materia de reducción de la desigualdad que se habían alcanzado tras más de 10 años de crecimiento del empleo. Así, con los últimos datos disponibles España aparece como el cuarto país más desigual de la UE, a la par de Portugal y tan solo por detrás de dos países con un mucho menor nivel de renta y desarrollo institucional como son Bulgaria y Letonia. Triste récord.

La redacción de las afueras.