Una vez más, como cada domingo, el Frente de Peruanos Autoconvocados se concentra en Barcelona, en la Rambla de Canaletes, para denunciar la dictadura criminal que se ha instaurado en Perú. En lucha por la restitución de la democracia, por la libertad y restitución de su presidente Pedro Castillo, así como por la recuperación del estado de derecho.
El 6 de junio de 2021 fue una fecha que conmocionó a muchos en la oligarquía peruana. Pedro Castillo Terrones, un maestro rural que nunca antes había sido elegido para un cargo público, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con algo más del 50,13% de los votos. Más de 8,8 millones de personas votaron por el programa de Castillo –que incluía profundas reformas sociales y la promesa de una nueva constitución– frente a la candidata de la extrema derecha, Keiko Fujimori. En un giro dramático de los acontecimientos, el programa histórico de neoliberalismo y represión, transmitido por el ex dictador peruano Alberto Fujimori a su hija Keiko, fue rechazado en las urnas.
Desde ese día, aún incrédula, la oligarquía peruana le declaró la guerra a Castillo. Convirtieron los siguientes 18 meses en un período de gran hostilidad para el nuevo presidente, intentando desestabilizar su Gobierno con un ataque múltiple que incluía un importante uso de la guerra legal. Llamando a “botar el comunismo”, la Sociedad Nacional de Industrias (el principal grupo empresarial de la oligarquía) diseñó su plan para que el país fuera ingobernable por Castillo.
En octubre de 2021, se hicieron públicas grabaciones que revelaban que desde junio de 2021, este grupo de empresarios, junto con otros miembros de la élite peruana y líderes de los partidos de la oposición de derechas, habían estado planeando una serie de acciones que incluían el financiamiento de protestas y huelgas. Grupos de antiguos militares, aliados con políticos de extrema derecha como Fujimori, empezaron a pedir abiertamente el derrocamiento violento de Castillo, amenazando a funcionarios del Gobierno y a periodistas de izquierda.
La derecha en el Congreso se sumó a estos planes e intentó destituir a Castillo en dos ocasiones durante su primer año de mandato. “Desde mi toma de posesión como presidente, el sector político no ha aceptado la victoria electoral que nos dio el pueblo peruano”, dijo Castillo en marzo de 2022. “Entiendo la facultad del Congreso para ejercer la fiscalización y el control político, sin embargo, estos mecanismos no pueden ejercerse mediando el abuso del derecho, proscrito en la Constitución, desconociendo la voluntad popular expresada en las urnas”, enfatizó. Resulta que varios de estos legisladores, con el apoyo de una fundación alemana de derecha, también se habían estado reuniendo para ver cómo modificar la Constitución para destituir rápidamente a Castillo.
La clase gobernante de la oligarquía peruana nunca pudo aceptar que un maestro de escuela rural y líder campesino pudiera ser llevado a la presidencia por millones de pobres, negros e indígenas que veían en Castillo su esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, ante estos ataques, Castillo se fue distanciando cada vez más de su base política. Castillo formó cuatro gabinetes diferentes para apaciguar a los sectores empresariales, cediendo cada vez más a las exigencias de la derecha de destituir a los ministros de izquierda que desafiaban el statu quo. Rompió con su partido, Perú Libre, cuando fue abiertamente cuestionado por sus dirigentes. Pidió ayuda a la ya desacreditada Organización de Estados Americanos para buscar soluciones políticas, en lugar de movilizar a los principales movimientos campesinos e indígenas del país. Al final, Castillo luchaba solo, sin apoyo de las masas ni de los partidos de la izquierda peruana.
La crisis final para Castillo estalló el 7 de diciembre de 2022. Debilitado por meses de acusaciones de corrupción, luchas internas de la izquierda y múltiples intentos de criminalizarlo, Castillo fue finalmente derrocado y encarcelado. Fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien se juramentó en el cargo después de que el Congreso destituyera a Castillo con 101 votos a favor, seis en contra y diez abstenciones.
La votación se produjo algunas horas después de que el país recibiera el anuncio televisado de que Castillo disolvería el Congreso. Lo hizo de forma preventiva, tres horas antes del inicio de la sesión del Congreso en la que se iba a debatir y votar una moción de destitución por “incapacidad moral permanente” debido a las denuncias de corrupción que se investigan. Castillo también anunció el inicio de un “Gobierno excepcional de emergencia” y la convocatoria de una Asamblea Constituyente en un plazo de nueve meses. Dijo que, hasta que se instalara la Asamblea Constituyente, gobernaría por decreto. En su último mensaje como presidente, también decretó el toque de queda a partir de las 10 de la noche. El toque de queda, al igual que sus otras medidas, nunca se aplicó. Horas después, Castillo fue derrocado.
Boluarte se juramentó ante el Congreso mientras Castillo era detenido en una comisaría. En la capital, Lima, estallaron algunas manifestaciones, pero ninguna lo bastante multitudinaria como para revertir el Golpe, que llevaba casi un año y medio gestándose, el último en la larga historia de violencia de América Latina contra las transformaciones radicales.
El Golpe contra Pedro Castillo supone un duro revés para la actual oleada de Gobiernos progresistas de América Latina y para los movimientos populares que los eligieron. Este Golpe y la detención de Castillo son un duro recordatorio de que las élites gobernantes de América Latina no cederán ningún poder sin una lucha encarnizada hasta el final. Y ahora que el polvo se ha asentado, los únicos ganadores son la oligarquía peruana y sus amigos de Washington.
Fuente: Globetrotter.
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Tercera toma de Lima.
Sigue adelante la convocatoria de movilizaciones, con el referente de converger en Lima el 19 de julio, bajo el lema de «Tercera toma de Lima» (que evoca la marcha de julio de 2000, Marcha de los Cuatro Suyos, que significó el inicio de la caída de Fujimori). La convocatoria se ha ido configurando como una masiva concentración de delegados de las regiones, sobre todo de la Macrorregión Sur, en la capital peruana, combinado con acciones locales de paro y manifestaciones por todo el país. La iniciativa correspondió a las organizaciones sindicales y ronderas de Puno, pero ha ido extendiéndose y en este momento ya está apoyada formalmente por la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, la CGTP, y la Federación de la Construcción Civil vinculada a la CGTP, SUTEP y FENATEP (sindicatos de enseñantes), la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, el Comando Unitario de Lucha del Perú (CNUL) y la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), de la que entre otras organizaciones forman parte los dos partidos comunistas legalizados.
También se ha unido una plataforma de comerciantes, minoristas autónomos, denominada «Andrés Avelino Cáceres» (militar héroe de la guerra contra Chile, que organizó la resistencia de la población indígena); tiene representaciones en Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ayacucho. Estos cuatro departamentos, todos del Sur, parecen los más movilizados ya de cara al 19 de julio: hay que ver qué presencia tendrán finalmente los ronderos y las organizaciones sindicales del centro y norte. En cualquier caso el gobierno Otárola se ha tomado en serio la convocatoria, ya se ha anunciado un desplazamiento extraordinario de 8.000 efectivos de la Policía, que según como vayan las cosas seguro que será mayor. Desde el Departamento de Puno, el mejor organizado, se ha insistido en que llevarán a Lima 13.000 personas (1.000 por provincia), que empezarán a marchar sobre la ciudad el 10 de julio. La consigna es renuncia de Dina Boluarte y elecciones generales ya; también se recuerda, no en primer término, la cuestión de la Constituyente y nadie –o casi nadie– plantea la restitución de Castillo en la Presidencia de la República.
En cada región se decidirán las formas de acción y movilización. En principio se proponen paros entre el 19 y el 21, y también entre el 27 y el 29.
En el campo político parlamentario y partidario lo más significativo estos días es la cuestión de la renovación de la Mesa del Congreso para el período 2023-2024. Importante, en la medida en que constitucionalmente ante una renuncia o desautorización de Dina Boluarte su sustituto sería el Presidente del Congreso, que es el de la Mesa Directiva. No sé si tiene alguna relación con el calendario de movilizaciones y cuál es, pero el hecho es que la elección de la nueva Mesa y Presidente será el 26 de julio. Perú Libre ha avanzado una maniobra, con apoyo de sectores de la derecha -de los fujimoristas incluidos- para estar presente en esa nueva Mesa Directiva a la que ha presentado a Waldemar Cerrón, hermano del Vladimir, como candidato a la presidencia. Sus maniobras parlamentarias ya le han dado la Defensoría del Pueblo; si realmente consiguiera hacerse con la Presidencia de la Mesa Directiva sería un golpe político importante, tanto más cuanto que coincide en fechas con la movilización convocada.
Fuente: https://slopezarnal.com/peru-a-la-espera-2/#more-9792
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