11 de julio de 2021. Mientras en toda América Latina continúan las medidas de distanciamiento social y confinamiento en respuesta a la pandemia de la covid-19 (1), en La Habana y el resto de Cuba se reúnen multitudes. Al grito de “¡Libertad!” y cantando el muy popular “El pueblo unido jamás será vencido”, numerosos cubanos expresan su desesperación ante el colapso de la economía del país. Ese mismo día y en las semanas siguientes, más de mil personas son detenidas; cientos de ellas son condenadas a duras penas de prisión.

Cuatro años después, Antonio (2) recuerda aquel día con la mirada perdida. “Mi hijo se ha convertido en un ancianito”, se lamenta su madre Gabriela, sentada a su lado. En este barrio pobre de las afueras de la capital, la familia de seis miembros vive en una pequeña casa situada en lo alto de una estrecha escalera que da a una calle ruidosa. El salón y la cocina apenas ocupan diez metros cuadrados. Es última hora de la tarde y ha habido un apagón eléctrico: los cortes de luz se han convertido en algo cotidiano y agotador para la mayoría de los cubanos. Antonio acaba de entrar en la veintena. Cuando lo encarcelaron en julio de 2021 tras participar en la mayor manifestación contra el Gobierno organizada desde 1959, tenía solo 17 años. Sin embargo, al joven no le interesaba demasiado la política. “Vi que había gente en la calle. Mi pareja estaba embarazada. Trabajaba vendiendo pan mientras estudiaba. No ganaba suficiente dinero —recuerda—. Ese día había violencia por todas partes en la calle. El cielo se había vuelto gris. Todo el mundo quedó acorralado. Yo no salí con un machete ni con una pistola, ni siquiera con un palo. Pero sí, lancé piedras”, explica. Luego, todo se aceleró. Antonio fue detenido y rápidamente acusado de “alteración del orden público”, “desacato” y “propagación de epidemia”, mientras el país registraba un récord de contagios. Pasó diez meses en prisión.

Estas manifestaciones han dado una visibilidad sin precedentes a las protestas sociales y políticas contra el Gobierno. La crisis sanitaria y el cierre de las fronteras, incluso al turismo, del que tanto depende, han sumido al país en una profunda depresión económica. Una situación agravada por dos factores. Por un lado, la política de “máxima presión” emprendida desde 2019 por Donald Trump ha endurecido severamente el embargo impuesto a la isla desde 1962. Por otro lado, la reforma monetaria destinada a unificar el peso, aplicada a principios de 2021, ha disparado la inflación (3). Hasta la fecha, los estantes de las farmacias están vacíos y las colas para obtener productos de primera necesidad se prolongan durante horas.

En los días posteriores a las movilizaciones, el entonces presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, instó a las autoridades cubanas a “escuchar a [su] pueblo” y su “vibrante llamamiento a la libertad”. La Habana, por su parte, calificó a los manifestantes de “mercenarios” o “revolucionarios confundidos”. Un año después, el presidente Miguel Díaz-Canel apareció en las pantallas de televisión: “Lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la Revolución cubana desmontaron un golpe de Estado”. Gabriela ironiza ante lo que queda de su dormitorio: “Si fuéramos mercenarios, ¿creen que se me habría derrumbado el techo de mi habitación? Si fuéramos mercenarios, cuando hay un corte de luz, ¡tendría un generador en mi casa!

14 de enero de 2025. La Habana anuncia la liberación de 553 presos tras una mediación emprendida por el papa Francisco. Unos días antes, Biden hacía pública su decisión de retirar a Cuba de la lista de Estados que apoyan el terrorismo. Muchas de estas personas excarceladas habían salido a las calles el 11 de julio, como Alina, con quien quedamos en su casa, en uno de los barrios más pobres de la capital, tras pasar tres años y medio en la cárcel. “Había escasez de medicamentos. No había agua. La gente caía como moscas a causa de la covid... Yo me manifesté de forma pacífica. Fue algo espontáneo. Junto con otras personas, animamos a la gente a salir a protestar”. Unos días más tarde, la policía llegó para detener a la joven “con seis camiones y veinticinco motos”. “Como si fuera una asesina en serie”, recuerda. Describe su interrogatorio: “Lo primero que me preguntaron después de mi arresto fue si había recibido dinero. Nos acusaron de haberlo planeado todo y de haber cobrado. ¡No fue ni planeado ni pagado!”. En la actualidad, un agente de la Seguridad del Estado sigue encargándose de vigilarla. “Necesito un permiso para salir de La Habana, o incluso para invitar a amigos a mi casa. Estoy sometida a un toque de queda diario hasta que termine mi libertad condicional”, algo que tendrá lugar dentro de varios años. La salud de Alina se ha deteriorado desde su detención. “Ya no duermo. Moriré siendo contrarrevolucionaria. ¡Me han convertido en algo que no era!”, afirma.

Promovida e instrumentalizada por Washington, vigilada y acosada por la Seguridad del Estado cubano, la oposición local es débil, poco organizada y carece realmente de un programa político. Muchos cubanos, cansados, han optado por emigrar en lugar de desafiar a las autoridades. Según las estadísticas oficiales, más del 10% de la población ha abandonado el país desde la pandemia (4). A los movimientos espontáneos fruto del hartazgo se suma la actividad de las redes vinculadas a la extrema derecha cubanoestadounidense. Mucho más estructuradas, operan desde Miami (Florida), en gran parte gracias al apoyo y la financiación de Estados Unidos, que alimenta una nebulosa de organizaciones activistas, a menudo radicales (5).

Entre las personas encarceladas —antes o después del 11 de julio—, varias están acusadas de haber cometido o planeado ejecutar actos de sabotaje relacionados con Miami. Sus rostros aparecen regularmente en los medios de comunicación estatales. Cuando llegamos a casa de Benito, en el centro de la ciudad, el suelo está completamente inundado por el agua de la lavadora. Sobre el sofá hay una pila de ropa mojada. El hombre, de unos treinta años, fuma un cigarro, hundido en su sillón. Se endereza y nos muestra las fotos de su hermano Alberto, encarcelado en 2020. Algunas, tomadas antes de su ingreso en prisión, lo muestran con su familia o posando orgulloso ante la bandera estadounidense con el vientre al descubierto y tatuado con estas palabras: “Abajo los Castro y sus esbirros comunistas que siguen en Cuba”. Benito recuerda: “Después de la muerte de nuestra madre en 2013, Alberto empezó a radicalizarse, comportándose como un opositor. Decía que los médicos la habían matado. Ella estaba enferma”. En fotografías tomadas más recientemente en su celda, Alberto aparece demacrado, delgado, con el rostro hundido y la cara cansada. Cumple una condena de siete años de reclusión por atentado contra la seguridad del Estado. Le dejamos nuestros números a Benito, que promete dárselos a su hermano para que se ponga en contacto con nosotros.

Dos días después, desde “Kilo 5 y medio”, la prisión provincial de Pinar del Río, al oeste del país, el recluso se pone en contacto con nosotros —tiene derecho a hacer una llamada semanal fuera de los muros— y ofrece su relato: “Puse un cartel que decía ‘Trump, fuego contra Cuba’. También publiqué un vídeo en el que decía que había que cortarles la cabeza a los comunistas. Después de eso, la policía vino a buscarme”. Alberto reconoce haber estado en contacto durante varios años con dos cubanos afincados en Florida: Kiki Naranjo y Willy González, ambos miembros de un grupo llamado La Nueva Nación Cubana en Armas (NNCA).

Con sede en Florida, esta organización tiene como objetivo derrocar la Revolución por todos los medios, incluida la acción violenta. La Habana la considera un grupo terrorista. Alberto entró en contacto con ellos en noviembre de 2020 a través de un conocido que organizó una videollamada. “Hablamos de sabotaje, de adiestramiento. Me dijeron que me preparara para armarme en previsión del día en que entraran en Cuba”. Sus dos referentes le habrían enseñado “cómo fabricar bombas artesanales”. Años después, los dos hombres siguen sin haber desembarcado en la isla. “Les guardo rencor a Naranjo y a los demás. Se aprovechan de la desesperación. Prometieron que entrarían en Cuba y no han hecho nada”, se lamenta Alberto con amargura.

González, fundador de la NNCA, no se esconde. Nos ponemos en contacto con él a través de su cuenta de Facebook. Una vez concertada la cita telefónica, nos asegura que, en los últimos años, miembros de la organización han “calcinado campos de caña de azúcar o plantaciones de tabaco del Estado [cubano]. Forma parte de la lucha”, afirma. “La única vía que nos dejan los comunistas es la del levantamiento, la confrontación. Todo acto que planificamos es un llamamiento a la rebelión. Gracias a la tecnología digital y a las redes sociales, crecemos, llegamos a más gente y progresamos”. En noviembre de 2023, las autoridades de La Habana interceptaron en alta mar a un tal Ardenys García Álvarez, de origen cubano y afincado en Estados Unidos. Sorprendido in fraganti, intentaba introducir en la isla, desde Florida y a bordo de una moto acuática, pistolas y munición. Fue acusado de ser miembro de la NNCA y de intentar reclutar personas en el territorio nacional con el objetivo de desencadenar una insurrección armada.

González, que afirma defender la libertad de Cuba, aparece en muchos vídeos vestido con uniforme militar; sus publicaciones en las redes sociales muestran a hombres con chalecos antibalas, envueltos en la bandera de Estados Unidos y disparando rifles o revólveres. En cuanto a Naranjo, con quien hemos intentado contactar, parece ilocalizable a pesar de tener diferentes perfiles en Facebook. Según los familiares, los manifestantes de 2021 reclutados por las organizaciones de Miami eran sobre todo jóvenes vulnerables y desesperados. La madre de uno de ellos nos recibe en la pequeña terraza de su casa. Pálida, apoyada en la barandilla, Claudia nos cuenta que, en aquella época, Naranjo se puso en contacto con su hijo David a través de Facebook. Según su relato, le propuso un trato a su hijo: si David lanzaba un cóctel molotov contra una tienda, un barco le ayudaría a salir de la isla para llegar a Florida. “Mi hijo tenía muchas ganas de marcharse. Además, Kiki es de aquí. Habían sido amigos antes”. David obedece. En 2021, lanza artefactos incendiarios contra una tienda del Estado y un teléfono público, sin causar grandes daños. El joven es detenido una semana después.

“Esa gente trata de manipular a la juventud”, suspira Ana. La mujer, mayor pero enérgica, nos abre la puerta de su apartamento situado en el último piso de un bloque residencial al este de La Habana. Arrodillada, relee la sentencia judicial: un cubano residente en Estados Unidos habría propuesto a su hijo prender fuego a “un mercado, lanzar una cadena sobre una línea de alta tensión para dejar sin electricidad a la localidad”, identificar “una instalación en la que esté estacionada una flota de autobuses públicos para introducir arena dentro de los motores y ahogarlos”. Por último, este hombre le habría indicado a qué funcionario del Ministerio del Interior debía agredir. Los documentos que hemos examinado indican que el autor intelectual había prometido a Leandro “un beneficio económico” y “recargarle el teléfono de forma sistemática” por cada acción llevada a cabo. Su madre lo confirma: “A cambio, debía ejecutar actos de sabotaje”. Pero Ana sostiene que su hijo nunca tuvo intención de pasar a la acción. Aunque Leandro fue detenido antes de cometer actos reprensibles, el tribunal lo ha condenado a diez años de prisión por planear “actos de terrorismo”.

El apoyo del Gobierno de Estados Unidos a la oposición cubana no se limita a respaldar las acciones de grupos radicales establecidos en Florida. Cada año, Washington financia programas de “promoción de la democracia” en Cuba. En 2024, el Departamento de Estado destinó 20 millones de dólares a este fin a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Estas organizaciones, la primera como “agencia federal”, la segunda como “fundación [independiente] sin ánimo de lucro” creada directamente por el presidente Ronald Reagan en 1983, persiguen varios objetivos en el país: la promoción de un “espacio cívico”, el refuerzo del poder y capacidad para actuar (empowerment) “de los militantes cubanos prodemocracia”, la creación de medios de comunicación digitales, la protección de las “víctimas de la represión”, etc. Según el informe anual de 2024 de la NED, Cuba era el quinto destino de sus fondos, después de Rusia, China, Ucrania y Birmania.

Un puñado de organizaciones canaliza los flujos financieros de la NED. Por ejemplo, el National Democratic Institute (NDI), afiliado al Partido Demócrata, y el International Republican Institute (IRI), vinculado al Partido Republicano. Presentadas como organizaciones no gubernamentales (ONG), estas entidades dependen en realidad de fondos federales y están dirigidas por antiguos miembros “de toda la vida” de la Administración estadounidense. El IRI, que ha recibido 2,7 millones de dólares de la NED en cuatro años, está dirigido por Dan Twining, un exfuncionario del Departamento de Estado. Y hasta 2024, su consejo de administración contaba entre sus miembros con un tal Marco Rubio, el primer cubano- estadounidense —feroz opositor al Partido Comunista Cubano— en ocupar el cargo de secretario de Estado. Desde la década de 2000, la organización se dedica a “seleccionar líderes” y a fomentar la creación de “redes dentro de la sociedad civil en toda la isla”. También ofrece formación específica “para las estrellas emergentes [...] en caso de una eventual transición”. La “ONG” se ha fijado como misión reclutar “sangre nueva” entre los grupos afrocubanos, feministas, LGBTQIA+ o incluso en las comunidades religiosas protestantes.

La supresión, por parte de Trump, de los fondos de la USAID y la NED en todo el mundo ha respetado, sin embargo, casi todos los programas cubanos. El cabildeo de los parlamentarios cubanoestadounidenses ha surtido efecto ante el presidente republicano y todos estos proyectos están ahora bajo la responsabilidad directa de Rubio.

Otras organizaciones radicadas en Miami, beneficiarias de los fondos, están dirigidas por la generación de cubanos de la década de 1960. Orlando Gutiérrez Boronat es el secretario general del Directorio Democrático Cubano. Esta organización opositora ha recibido millones de dólares de la NED en las últimas dos décadas. Antiguo miembro de la Organización para la Liberación de Cuba, un grupo armado que pretendía derrocar al Gobierno cubano en la década de 1970, sobre Gutiérrez Boronat pesa actualmente una acusación de malversación de fondos por otro opositor histórico, Armando Valladares. En un vídeo publicado en enero de 2025, Gutiérrez Boronat responde a estas acusaciones. A su lado, Sylvia Iriondo sale en su defensa. Ella formó parte de Hermanos al Rescate en la década de 1990. Oficialmente, esta asociación prestaba ayuda a los balseros cubanos que intentaban llegar a las costas de Florida a bordo de embarcaciones improvisadas. Sus aviones violaban regularmente el espacio aéreo cubano para provocar a las autoridades (arrojando bengalas de señalización y granadas de humo y detonando explosivos artesanales). La activista es hija de Cecil Goudie, líder de uno de los grupos patrocinados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) implicados en el intento de invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Ángel de Fana también toma la palabra junto a Gutiérrez Boronat. De Fana fue miembro de un movimiento contrarrevolucionario especializado, desde 1960, en la colocación de explosivos. Para José Luis Méndez Méndez, investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado (CIHSE) de La Habana, si bien la lucha armada ha dado paso a un enfoque basado en la promoción de los derechos humanos, los actores políticos y sus objetivos finales siguen siendo los mismos. “Casi todos los actos de terrorismo que hemos sufrido desde 1959 han sido organizados desde Estados Unidos. ¡Los tiburones no se vuelven vegetarianos!”, dice con sorna.

La independencia de los “disidentes” cubanos está en entredicho. Algunos de los más mediáticos han recibido fondos estadounidenses. José Daniel Ferrer, considerado hoy la principal figura de la oposición interna, está vinculado a organizaciones de Florida. Pasó tres años y medio en prisión tras ser detenido también por la Seguridad del Estado el 11 de julio de 2021, a pocos metros de su casa, y fue puesto en libertad en el marco del acuerdo de enero de 2025. En abril fue encarcelado de nuevo por violar su libertad condicional. En una entrevista concedida al canal de YouTube del influencer cubanoestadounidense Manuel Milanés Pizonero (6) —“opositor a la dictadura cubana”, presidente del Consejo para la Guerra Anticomunista (CPGA) y que se declara cercano a Trump—, Ferrer revela que la “financiación más antigua y continuada” de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la organización que fundó en 2011, proviene de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Esta última, con sede en Miami, ha recibido fondos públicos estadounidenses en el pasado.

“El Estado cubano ha logrado impedir la aparición de una amenaza interna significativa” contra su poder, considera William M. LeoGrande, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Washington D. C.“El problema para los cubanos críticos con el Gobierno es que a los dirigentes les resulta muy fácil meterlos en el mismo saco que a los ‘disidentes’ patrocinados por Estados Unidos. Ese es el efecto perverso de esta ‘ayuda’: no abre el espacio político, lo cierra”.

Desde hace décadas, Washington también libra una guerra informativa contra Cuba. En 1990, el aerostato cautivo Fat Albert despegaba en los cayos de Florida. Difundía por las ondas los programas anticastristas de Radio y Televisión Martí hacia las costas de la isla comunista. Pero La Habana interfirió las señales. La cadena dejó de ser accesible. La población cubana la apodó “la tele que no se puede ver”. Ante el fracaso del proyecto, entre los años 2004 y 2005 se empleó una aeronave C-130, perteneciente a una unidad de Guerra Psicológica del Pentágono, que sobrevolaba el estrecho de Florida para transmitir la señal de televisión. En 2009, otro nuevo intento. En este caso, y acorde a las nuevas tecnologías y usos, se trataba de crear e implantar una red social, una especie de “Twitter cubano”. ZunZuneo estaba gestionado por una unidad especial de la USAID, la Oficina de Iniciativas para la Transición (7). La operación era secreta. Se llevó a cabo a través de sociedades pantalla domiciliadas en las Islas Caimán para que los usuarios no pudieran establecer ningún vínculo con el Gobierno de Estados Unidos. Los creadores de ZunZuneo —que, según la USAID, atrajo a 68.000 personas hasta su abandono en 2012— disponían entonces de una base de datos que incluía el sexo, la edad y la tendencia política de cada usuario. El objetivo: favorecer la movilización con vistas al desencadenamiento de una “primavera cubana”. De nuevo, fue un fracaso. Hasta 2018, el acceso a Internet siguió siendo extremadamente limitado en el país, lo que frustró las ambiciones iniciales del proyecto.

En realidad, fue el propio Partido Comunista quien puso fin a su cuasi monopolio de la información. Al autorizar el acceso a los datos móviles a toda la población en 2018, el Gobierno inició uno de los cambios sociales más profundos que ha experimentado Cuba desde el fin de la Guerra Fría. Han surgido una miríada de medios de comunicación, en su mayoría críticos con el poder y apoyados por Estados Unidos. Fundado en 1994 en Florida, Cubanet, un digital de opinión militante a favor de un cambio de régimen, tenía hasta 2018 una audiencia limitada. Pero el repentino aumento de usuarios de Internet, junto con los fondos estadounidenses inyectados a los actores de la “sociedad civil”, abrió nuevas perspectivas de acción para la oposición y fomentó la difusión de un discurso favorable a Washington. En 2024, Cubanet recibió 500.000 dólares de la USAID; 2,5 millones desde 2020. Un editorial de la publicación digital (4 de julio de 2024), en la que colaboran “periodistas independientes” locales, afirma que “la única revolución benevolente que ha tenido el mundo” es “la de Estados Unidos”. En otro considera que el nombramiento de Rubio como secretario de Estado es “una excelente noticia para todos los que luchan por la democracia”. El día de la victoria de Trump frente a Kamala Harris, la periodista del medio digital Camila Acosta publicó en Facebook un post titulado “Un despertar feliz. ¡Trump presidente!”.

El 11 de julio de 2021, Camila Acosta cubría las manifestaciones. Detenida y puesta bajo arresto durante cuatro días, rememora aquellos días: “Me amenazaron con acusarme de delito contra la seguridad del Estado, lo que podría haberme costado entre veinte y treinta años de cárcel”. Su liberación, acompañada de medidas cautelares, incluía diez meses de arresto domiciliario a la espera de juicio. Finalmente, fue condenada únicamente a una multa de 1000 pesos cubanos (unos 12 euros en aquel momento). Actualmente, la opositora espera que el presidente estadounidense “refuerce las sanciones, porque eso es lo que nos va a ayudar”, asegura. Acosta considera que las medidas unilaterales de Estados Unidos son demasiado laxas: “Hay petróleo de Rusia, México, Venezuela, Irán... ¿Dónde está el embargo?”, prosigue.

En los últimos cinco años, la calidad de los servicios sanitarios y educativos, “pilares” de la Revolución, cuyo nivel se mantuvo durante mucho tiempo por encima de la media regional, se ha desplomado. La inseguridad alimentaria se ha agravado. La producción agrícola se ha hundido por falta de semillas, combustible e inversiones. Montañas de basura se amontonan actualmente en las esquinas de la capital. La exasperación y la desolación ensombrecen el día a día de los cubanos. Y el país se vacía de su gente. “La emigración a Estados Unidos ha funcionado como una válvula de escape, permitiendo liberar la presión social. En consecuencia, no ha podido surgir en Cuba ninguna oposición estructurada y con un amplio respaldo popular”, analiza William I. Robinson, profesor de sociología y estudios latinoamericanos en la Universidad de California (Santa Bárbara).

La población considera que las autoridades cubanas son incapaces de resolver la crisis económica y social que azota la isla. Impulsadas por los dólares, las ideas conservadoras y proestadounidenses están ganando terreno. En este contexto, el Gobierno impide el surgimiento de una izquierda crítica organizada y silencia las voces progresistas que, en su momento, podrían haberle apoyado. “Aquí existe una izquierda contestataria, pero para el Gobierno somos enemigos”, nos explica un periodista y escritor que prefiere mantener el anonimato. “La izquierda está silenciada en Cuba... Somos muy pocos. Se ha perdido el sentimiento de nación. Es una tragedia después de siglos de lucha contra el colonialismo, el imperialismo y el autoritarismo. Todo el mundo solo piensa en marcharse”, se lamenta.

Washington no ha logrado crear una oposición local viable y popular, pero ha desgastado a Cuba. La guerra económica más larga de la historia moderna ha conseguido finalmente “provocar el hambre [y] la desesperación” (8) en el país, tal y como recomendaba ya en 1960 el entonces subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory. Pero el objetivo —el “derrocamiento del Gobierno”— sigue, por ahora, fuera de su alcance. El pueblo cubano se encuentra atrapado entre, por un lado, el autoritarismo y la ineficacia económica de su propio Gobierno y, por otro, las sanciones y las injerencias estadounidenses en un conflicto que dura ya 66 años.