Luchar contra la barbarie nuclear

ALASTAIR PHILIP WIPER. — Nuclear Explosion Fallout Calculator (‘Calculadora de lluvia radiactiva tras una explosión nuclear’), Collection of Oak Ridge Associated Universities, de la serie “Cold Comfort” (‘Pobre consolación’), 2022

La destrucción de Hiroshima por una bomba atómica estadounidense el 6 de agosto de 1945 introdujo a la humanidad en “una nueva era de la historia del mundo”, según la expresión de Günther Anders (1). El filósofo austríaco se preocupaba entonces no tanto por la perspectiva de una carrera por el poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética como por el vuelco radical de la historia universal: a partir de ese momento, el ser humano disponía de los medios técnicos para su propia desaparición.

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Ochenta años después, ese riesgo de apocalipsis aún persiste, por culpa de las 12.000 armas nucleares que están en manos de tan solo nueve Estados —Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán, Corea del Norte e Israel (país que nunca lo ha admitido oficialmente)— (2). A estos Estados poseedores de armas nucleares hay que añadir unos cuarenta países que son partícipes de esta opción de defensa debido a su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o por acuerdos específicos con un Estado poseedor (por ejemplo, Bielorrusia con Rusia).

A pesar del compromiso adquirido con el Tratado de No Proliferación (TNP) en 1968 “de facilitar la cesación de la fabricación de armas nucleares, la liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales nacionales”, los poseedores de “la” bomba nunca han dado una oportunidad real al desarme (3). Los programas actuales son, de hecho, fruto de decisiones tomadas en la década de 2000, un periodo de relativa estabilidad entre las grandes potencias y, por lo tanto, muy anterior a la guerra en Ucrania, en la que Rusia amenaza con pulsar el “botón rojo”. El proceso de producción es, en efecto, muy lento: entre veinte y treinta años desde la decisión política inicial hasta la fabricación y la puesta en servicio.

La pervivencia del componente nuclear aerotransportado de Francia —única potencia nuclear militar en la Unión Europea— es un ejemplo de apuesta por el no desarme. De acuerdo con un calendario elaborado en la década de 1990, los misiles aire-tierra de medio alcance (ASMP) fueron sustituidos a finales de la década de 2000 por una versión descrita como “mejorada” (ASMP-A), y en 2016 se puso en marcha un programa de renovación a mitad de vida útil (modernización) que permitirá, entre 2024 y 2035, dotar a las dos escuadras estratégicas existentes de un vector “renovado” (ASMPA-R). El misil ASN4G, cuyos estudios comenzaron en 2014, tomará el relevo del ASMP-A hacia 2035, con una vida útil estimada de veinte años.

Lo mismo ocurre en China, que en la década de 2010 se embarcó en una estrategia de desarrollo intensivo de su potencial nuclear. Su principal motivación radica en el convencimiento, compartido por Washington y Moscú, de que un amplio arsenal refuerza la influencia geopolítica. Esta “paz por la fuerza” (4) ha convertido en la actualidad a Pekín en la tercera potencia mundial con —según el Bulletin of the Atomic Scientists— 600 ojivas, frente a las 200 de principios de siglo.

La reciente evolución de las relaciones internacionales ha proporcionado un terreno muy fértil para el gran retorno de la disuasión. Aunque esta modalidad de defensa siempre ha existido, ahora se muestra sin pudor. Es el caso de Rusia, que emplea una estrategia llamada “disuasión ofensiva” o “protección agresiva” (offensive deterrence y aggressive sanctuarisation): continuas amenazas de uso que han llevado a Francia a poner en alerta a tres de sus cuatro submarinos nucleares lanzadores de misiles (SNLE) en 2022 (5). Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump, tras amenazar con hacer uso en 2018 de su “gran botón” frente al norcoreano Kim Jong-un (que multiplicaba aparatosas pruebas nucleares y amenazas contra Seúl), sembró la duda, al inicio de su segundo mandato, sobre la solidez del “paraguas” estadounidense. En este contexto, el proyecto de europeización de la disuasión francesa, impulsado por el primer ministro Alain Juppé en 1995, el presidente Nicolas Sarkozy en 2008 y ampliamente promovido por Emmanuel Macron desde 2017, suscita un interés sin precedentes, en particular el del canciller alemán Friedrich Merz.

La posesión de un arsenal nuclear se presenta a menudo como algo natural, perpetuo y sin consecuencias. Sin embargo, un proyecto de este tipo corre el riesgo de provocar que pierda credibilidad el régimen instaurado por el TNP: impedir la diseminación de este tipo de armas y, al mismo tiempo, organizar la distensión y la cooperación con el fin de reducir los arsenales, con la ayuda de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), creada en 1957. El TNP, cuya próxima “conferencia de examen” se celebrará entre abril y mayo de 2026, ha permitido limitar la proliferación, pero su pilar del “desarme nuclear”, aplicado parcialmente durante la década de 1990, ahora está siendo ignorado por los Estados poseedores. ¿Cómo alcanzar los objetivos de este texto si hay gobiernos —en el caso europeo, París y sus aliados— que siguen subrayando y promoviendo la importancia de las armas nucleares para su propia seguridad? La actitud de estos Estados desacredita su capacidad para formular un discurso a favor de la no proliferación, como señaló Sudáfrica el 1 de mayo de 2025 en el tercer Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2026 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Esta deriva, si se materializara, imposibilitaría también cualquier crítica a Rusia, que desde 2024 ha instalado armas nucleares en Bielorrusia. Del mismo modo, ¿no resulta hipócrita por parte de estos Estados tolerar un ataque convencional ilegal, llevado a cabo por Israel (Estado que no reconoce el TNP) y Estados Unidos contra Irán sobre la base de su intención no confirmada de dotarse de la bomba, cuando ellos mismos no respetan plenamente sus obligaciones en materia de desarme nuclear?

Corremos el riesgo de entrar en lo que la politóloga neoconservadora Thérèse Delpech denominó en 2005 “una era de piratería estratégica” (6). Por entonces, imaginaba un escenario “clásico” de proliferación con culpables ya determinados, como Corea del Norte, Irán y China, que provocaría una reacción en cadena en Oriente Próximo y Asia. Si bien su análisis resulta en parte cierto (Irán no posee la bomba), Delpech descartó por completo el papel de los Estados llamados “democráticos” (Francia, Reino Unido y Estados Unidos) y de sus aliados en este peligroso escenario.

Estos grandes países siguen cimentando su seguridad en la disuasión. En noviembre de 2024, el presidente Macron aludía a un mundo dividido entre “herbívoros y carnívoros”, sugiriendo una oposición binaria simplista entre potencias “responsables” e “irresponsables” (7).

Sin embargo, la paternidad del impasse no puede imputarse a un tipo de régimen en particular. Ya sean liberales o autoritarios, estos Estados suscriben la teoría de la disuasión, es decir, a la amenaza permanente de emplear armas de destrucción masiva contra ciudades que albergan centros de poder político, económico y militar, admitiendo así la posibilidad de exterminar a civiles. Resulta difícil, por tanto, distinguir a los “responsables” del resto. Con ello, estos Estados intentan ocultar la existencia de una visión distinta de la seguridad, que es la que, sin embargo, defienden la mayoría de los gobiernos, sustentada en la acción colectiva basada en el derecho internacional. Esta visión surgió en 2010, durante la octava conferencia de examen del TNP, con la adopción de un documento final que daría lugar a una serie de trabajos sobre las consecuencias de las explosiones nucleares deliberadas o involuntarias y sobre la necesidad de plantear un “enfoque humanitario” a largo plazo de la seguridad. Los Estados opuestos a la energía nuclear de uso militar, como Sudáfrica, México, Malasia, Nueva Zelanda y, por parte de Europa, Austria e Irlanda, decidieron entonces exigir una prohibición global (uso, estacionamiento, financiación, amenaza de uso).

Unas armas inmorales

Adoptado en 2021, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) es el preludio necesario para abandonar una visión de la seguridad centrada en el átomo. La prohibición de un sistema siempre precede a su eliminación (y no al contrario): la firma, en 1972 y luego en 1993, de convenciones que prohibían las armas biológicas y químicas condujo así a su eliminación de los arsenales de Rusia y Estados Unidos gracias a la presión de la condena mundial. La misma lógica debe aplicarse a las armas nucleares, que a menudo se han considerado inmorales, como expresó en la ONU el exsecretario de Defensa estadounidense Robert McNamara (el 24 de mayo de 2005) o el papa Francisco (en un discurso pronunciado en Hiroshima el 24 de noviembre de 2019), y que ahora están descalificadas por el TPAN. Este tratado, adoptado por una abrumadora mayoría de 122 de 193 países el 7 de julio de 2017 por la Asamblea General de la ONU, condena todas las “amenazas nucleares, ya sean explícitas o implícitas”. Esta coalición de países no cejará “hasta que el último Estado se haya adherido al Tratado, hasta que la última ojiva haya sido desmantelada y destruida y hasta que las armas nucleares hayan desaparecido por completo de la Tierra” (8).

Las sesiones de seguimiento del TPAN han dado lugar a un combate argumentativo sin precedentes en torno a las “preocupaciones en materia de seguridad” (9) manifestadas por los distintos gobiernos y la concepción de su política de defensa. Los Estados firmantes afirman que la teoría de la disuasión está plagada de incertidumbres y entraña riesgos considerables habida cuenta de “los acontecimientos catastróficos que se han evitado por suerte y no gracias a un procedimiento”. Se refieren así directamente a crisis y accidentes (en particular, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 o la falsa alerta detectada in extremis por Stanislas Petrov en 1983) (10), en los que no fue la racionalidad de la disuasión lo que evitó una guerra nuclear, sino más bien el azar.

El TPAN es, además, un tratado denominado “de desarme humanitario”, ya que obliga a los Estados miembros a prestar asistencia a las poblaciones afectadas y a rehabilitar las zonas contaminadas (artículos 6 y 7). El concepto de “justicia nuclear” (11) permite, en este caso, reconocer a todas las víctimas, tanto las de Japón como las de las más de 2000 explosiones realizadas en todo el mundo desde 1945, y por tanto abre nuevas vías para presionar a los Estados poseedores a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, una resolución de 2024 sobre “el pesado legado de las armas nucleares” (12) subrayaba la necesidad de rehabilitar el medio ambiente afectado e indemnizar a las víctimas. Solo cuatro Estados (Francia, Corea del Norte, Rusia y el Reino Unido) votaron en contra, mientras que seis (Estados Unidos, Israel, China, la India, Pakistán y Polonia) se abstuvieron, frente a 174 votos a favor. En la misma línea, otra resolución sobre “los efectos de una guerra nuclear y la investigación científica”, directamente relacionada con el TPAN, fue aprobada por amplia mayoría (136 votos a favor) en 2024 con el fin de organizar un estudio de las Naciones Unidas sobre la respuesta a las consecuencias de una guerra nuclear. Junto con Moscú y Londres, París votó en contra; su pretexto fue que “no necesitamos un nuevo estudio sobre los efectos de una guerra nuclear, que sabemos que son devastadores” (13). Un argumento sorprendente: ¿por qué entonces estudiar el cambio climático, cuyos efectos ya conocemos?

En pocos años, este tratado ha obligado a replantear la seguridad en un marco más amplio. El Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas, adoptado en septiembre de 2024, proclama “el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares” (acción 25) y pide a los Estados que respeten sus “obligaciones y compromisos en materia de desarme” (acción 26), objetivos coherentes con los del TPAN. La afirmación de algunos de estos principios se emplea cada vez más en diferentes espacios diplomáticos, como el G7, en una de las declaraciones de las Academias de Ciencias (15 de abril de 2024) o, más sorprendentemente, en la declaración de los líderes del G20 (noviembre de 2022), que retoma el artículo 1 del TPAN: “El uso de armas nucleares o la amenaza de su uso son inaceptables”. Así se presenta, en 2025, la “piratería estratégica nueva versión”: unos pocos Estados con regímenes políticos de distinto tipo lideran una proliferación desinhibida en un contexto en que el desarme nuclear es obligatorio jurídicamente.